La diputada María Aranzazu Puente Bustindui presentó una iniciativa para reformar los artículos 51, 56 y adicionar el 56 bis de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica del sistema registral.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el crecimiento urbano, la expansión territorial y el incremento de las operaciones inmobiliarias en la entidad hacen necesario fortalecer el marco jurídico registral, especialmente en aquellos casos donde puedan presentarse traslapes cartográficos, superposición de inmuebles o controversias derivadas de inscripciones incompatibles.
Puente Bustindui manifestó que la existencia de conflictos sobre un mismo espacio territorial genera incertidumbre patrimonial, incrementa los litigios, afecta la confiabilidad del sistema registral y coloca a las personas en una situación de vulnerabilidad respecto de bienes que, en muchos casos, representan el patrimonio construido durante toda una vida.
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la seguridad jurídica del sistema registral mediante el principio de legitimación registral y el fortalecimiento de los mecanismos legales que permitan prevenir conflictos derivados del traslape cartográfico entre inmuebles, privilegiando la congruencia entre la información registral y la realidad territorial.
La propuesta no crea un régimen jurídico novedoso, sino que incorpora al texto legal aspectos esenciales del principio de legitimación registral que actualmente se encuentran desarrollados en el Reglamento, fortaleciendo con ello la congruencia normativa entre ambos ordenamientos y otorgando mayor certeza jurídica a los derechos inscritos.
Asimismo, la iniciativa busca fortalecer el procedimiento registral mediante reglas claras que permitan prevenir la generación de conflictos patrimoniales derivados de traslapes cartográficos, favoreciendo un sistema registral más confiable, coherente y protector de los derechos previamente inscritos.
La diputada aseguró que fortalecer la seguridad jurídica sobre la propiedad no implica únicamente proteger documentos o asientos registrales; implica proteger hogares, inversiones, actividades productivas, proyectos de vida y la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de tutelar el patrimonio de las personas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable para su estudio y dictamen.
