La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa de reforma al artículo 4° de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de precisar y delimitar jurídicamente las modalidades y alcances de la violencia en los entornos escolares, así como evitar vacíos normativos que obstaculicen su adecuada prevención, atención, sanción y erradicación.
Definiciones actualizadas
La propuesta incorpora la definición de ciberacoso y otras formas de violencia digital, entendida como toda conducta de acoso, hostigamiento, intimidación o agresión psicoemocional realizada mediante Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esto incluye comportamientos reiterados a través de redes sociales, plataformas de mensajería, aplicaciones móviles, servicios de almacenamiento digital, blogs, foros, videojuegos en línea, páginas web, correo electrónico u otros medios tecnológicos, que tengan por objeto atemorizar, humillar, denigrar, dañar la reputación o vulnerar la integridad de una persona integrante de la comunidad educativa.
Además, la iniciativa contempla otras modalidades de violencia como maltrato colectivo o grupal; maltrato físico directo e indirecto; maltrato institucional; y maltrato por omisión de auxilio. También se incorporan definiciones de violencia de género, psicosocial, revictimizante, sexual, relacionada a armas y objetos peligrosos, o vinculadas con sustancias ilícitas, entre otras.
Contexto y justificación
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la violencia en entornos escolares constituye una de las problemáticas más graves que afectan actualmente a niñas, niños y adolescentes, debido a las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, sociales y académicas que genera en quienes la padecen. Aseguró que estas conductas no pueden seguir considerándose conflictos menores o situaciones aisladas propias de la convivencia escolar, pues representan formas de agresión sistemática que vulneran la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación en condiciones de seguridad, igualdad y bienestar.
Por lo anterior, consideró indispensable actualizar el marco jurídico existente en virtud de las nuevas formas de agresión que actualmente afectan la convivencia escolar y vulneran gravemente los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incorporando definiciones y modalidades específicas que permitan atender los nuevos retos en el entorno escolar.
Siguientes pasos
La iniciativa fue turnada al estudio de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su dictamen.
