El pleno del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, presentada por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, que establece la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo en casos de violencia en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad educativa.
Una deuda histórica con la infancia
Durante la sesión, el diputado Gámez Macías destacó que la violencia sexual infantil constituye una de las formas más graves de vulneración a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Señaló que las escuelas deben ser espacios seguros donde se garantice no solo la educación, sino también la integridad física, emocional y psicológica de los estudiantes.
El legislador subrayó que, con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.
Vacío legal que retrasaba la justicia
El boletín indica que el marco normativo vigente —la Ley de Educación del Estado y el Protocolo de Prevención, Detección y Actuación en Casos de Acoso Escolar, Abuso Sexual Infantil y Maltrato en Escuelas de Educación Básica— resulta insuficiente para garantizar una reacción institucional inmediata. Actualmente, la obligación de denunciar no se encuentra claramente establecida en la ley, lo que genera un vacío que retrasa la intervención de las autoridades de procuración de justicia y puede provocar revictimización o impunidad.
Con la reforma aprobada, el personal directivo, docente y administrativo deberá realizar la denuncia inmediata ante las autoridades competentes cuando tenga conocimiento, sospecha o indicio de abuso sexual, maltrato o cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, siguiendo los protocolos de actuación que se emitan.
Protocolos conjuntos y sanciones por omisión
La reforma establece que los protocolos de actuación serán elaborados de manera conjunta por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además, se especifica que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a la legislación penal aplicable y a las disposiciones administrativas correspondientes, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez y la protección de quienes actúen de buena fe.
La iniciativa también contempla la capacitación periódica a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos, a fin de brindar certeza jurídica al personal escolar y evitar que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales.
Próximos pasos
Con esta aprobación, el Congreso del Estado da un paso significativo en la protección de la niñez y la adolescencia. Se espera que en los próximos días se publique el decreto correspondiente y que las instancias involucradas comiencen a trabajar en la elaboración de los protocolos de actuación para su implementación.
Material complementario: el boletín incluye enlaces a recursos adicionales como documentos en Google Drive y videos en YouTube, que pueden consultarse para ampliar la información.
