El diputado Rubén Guajardo Barrera informó que, tras la aprobación del Congreso del Estado de la Ley de Justicia Cívica de San Luis Potosí, los municipios de San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles ya operan este modelo, el cual fortalece la atención y solución de conflictos comunitarios mediante mecanismos alternativos y procedimientos ágiles.
Objetivos de la nueva ley
Recordó que esta nueva legislación tiene como objetivo establecer un sistema integral para la atención, seguimiento y resolución de las faltas administrativas cometidas por las y los ciudadanos, brindando a los municipios un marco jurídico que les permita atender de manera más eficiente los conflictos que no constituyen delitos.
Explicó que la Ley dota de legalidad y certeza jurídica a la actuación de las autoridades municipales, al establecer procedimientos claros para la solución de controversias, respetando la autonomía de los ayuntamientos para definir, dentro de sus reglamentos, el catálogo de infracciones y faltas administrativas.
Juzgados Cívicos
Asimismo, señaló que uno de los principales ejes de la nueva legislación es la creación de Juzgados Cívicos, órganos que contarán con autonomía técnica y operativa para resolver conflictos vecinales y comunitarios mediante procedimientos imparciales, además de definir su estructura institucional y el proceso para la designación de su personal.
Implementación voluntaria
El diputado Guajardo Barrera aclaró que la implementación del Sistema de Justicia Cívica no será obligatoria para los ayuntamientos, aunque destacó que la nueva ley ofrece un marco legal que facilitará su adopción.
Actualmente solamente tres municipios operan este sistema: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles. Ahora ya cuentan con un marco legal que posteriormente deberán armonizar con sus reglamentos municipales.
Próximos pasos
Indicó que el siguiente paso será impulsar, desde el Congreso del Estado, el diálogo con los demás ayuntamientos para dar a conocer los beneficios de este modelo y promover su implementación en el mayor número de municipios posible.
“Buscaremos platicar con los demás ayuntamientos para explicarles las bondades del Sistema de Justicia Cívica, ya que puede contribuir significativamente a mejorar la resolución de conflictos que hoy se presentan en comunidades, colonias y entre vecinos”, expresó.
Garantías del debido proceso
Por último, el legislador recordó que la Ley de Justicia Cívica reconoce los derechos tanto de las personas que presentan una queja como de quienes son señalados como probables infractores, garantizando el debido proceso en todos los procedimientos e incorporando disposiciones específicas para los casos en que participen personas menores de edad.
