Lo que debes de saber
- El gobernador Ricardo Gallardo acordó un aumento del 25% en el número de policías municipales en la Zona Media del Altiplano potosino.
- La medida se anuncia sin que se conozca un informe detallado sobre el uso de los 317 millones de pesos etiquetados para seguridad en 2025.
- La Zona Media ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales, lo que pone en duda si más policías sin estrategia resuelven el problema.
- El anuncio contrasta con la falta de transparencia en la evaluación de los programas de seguridad previos del gobierno estatal.

El anuncio que levanta más dudas que certezas
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, acordó con los alcaldes de la Zona Media un aumento del 25% en el número de policías municipales. La noticia, difundida por Sanluispotosi Quadratin, suena a solución inmediata para una región que no da tregua en materia de violencia. Pero, como suele pasar con los anuncios de este tipo, la letra chiquita es la que importa. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Qué pasará con los fondos que ya se asignaron y que, según reportes oficiales, no se han traducido en una reducción sostenida de la incidencia delictiva?
La Zona Media del Altiplano no es cualquier lugar. Es un corredor estratégico para el trasiego de drogas y armas, donde los cárteles se disputan el control a plena luz del día. En los últimos meses, los enfrentamientos entre grupos rivales han dejado saldos de muertos y heridos, y la población civil ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado. Ante este panorama, la promesa de más policías suena bien en los titulares, pero en los hechos, la pregunta que flota en el aire es: ¿más policías sin capacitación, sin equipo y sin una estrategia de inteligencia realmente sirven para algo?
«El gobernador Ricardo Gallardo acordó con los alcaldes de la Zona Media aumentar en un 25% el número de policías municipales, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en la región.» — Sanluispotosi Quadratin
Los números que no cuadran
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, San Luis Potosí recibió durante 2025 más de 317 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). De ese dinero, una parte importante se destinó a la profesionalización y equipamiento de las policías municipales. Sin embargo, los resultados en la Zona Media no reflejan esa inversión. Los homicidios dolosos y las extorsiones siguen en aumento, y la percepción de inseguridad entre los habitantes no ha mejorado. El anuncio de Gallardo, entonces, no es más que un parche sobre una herida que necesita cirugía mayor.
El gobernador ha sido insistente en su discurso de que la seguridad es una prioridad. Pero la realidad es que los municipios del Altiplano carecen de las condiciones básicas para que sus policías operen de manera efectiva. Salarios bajos, falta de prestaciones, nula carrera policial y, en muchos casos, infiltración del crimen organizado. Aumentar la plantilla sin atender estos problemas de fondo es como echarle agua a un bote que se hunde: el nivel sube un rato, pero el barco sigue yéndose a pique.
El contexto que nadie quiere ver
Mientras Gallardo hace anuncios, en la Zona Media los hechos hablan por sí solos. Apenas en marzo de este año, un enfrentamiento entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo dejó un saldo de 12 muertos en el municipio de Villa de Reyes. La Fiscalía General del Estado confirmó los hechos, pero hasta ahora no se ha informado de detenciones relevantes. La impunidad es el telón de fondo de esta historia, y el aumento de policías, por sí solo, no la combate.
El problema no es solo de números, sino de estrategia. En México, la policía municipal ha sido históricamente la más débil del sistema de seguridad. Dependen de los gobiernos estatales para recursos, capacitación y coordinación. Y en San Luis Potosí, esa coordinación ha sido, cuando menos, deficiente. Los alcaldes se quejan de que el estado no les transfiere los recursos a tiempo, y el estado señala que los municipios no cumplen con los requisitos para recibirlos. Un círculo vicioso que termina pagando la ciudadanía.
El anuncio de Gallardo, además, llega en un momento político delicado. El gobernador busca consolidar su proyecto y, de cara a las elecciones intermedias de 2027, necesita mostrar resultados. Pero la seguridad no se resuelve con ocurrencias ni con promesas que no vienen acompañadas de un plan claro. La Zona Media necesita más que policías: necesita inversión en desarrollo social, en educación, en oportunidades económicas. Mientras eso no llegue, cualquier aumento de efectivos será solo un espejismo.
Por lo pronto, los habitantes del Altiplano seguirán esperando que las palabras se conviertan en hechos. Y mientras tanto, el crimen organizado no descansa. La pregunta que queda en el aire es: ¿este aumento del 25% será el inicio de una verdadera transformación o solo otro capítulo en la larga lista de promesas incumplidas de la política de seguridad en San Luis Potosí?


