EU advierte: más políticos mexicanos caerán por narco

No es amenaza, es promesa

El miércoles 6 de mayo, el procurador general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, soltó una frase que debería helar la sangre en más de una oficina de gobierno en México. En entrevista con El Imparcial, cuando le preguntaron si podían esperarse más acusaciones contra políticos mexicanos como la del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió con una claridad que no dejó espacio a dudas: “Claro. Sí”. No hubo rodeos, no hubo matices diplomáticos. Fue un sí seco, directo, que confirma que la estrategia de Washington de usar a los capos arrepentidos como testigos apenas comienza a dar frutos.

Blanche explicó que una de las consecuencias de haber trasladado a decenas de líderes criminales a Estados Unidos —gracias a la cooperación del gobierno mexicano— es que muchos de ellos están dispuestos a colaborar a cambio de beneficios judiciales. Y esa colaboración, dijo, “puede llevar a cargos adicionales”. Según El País, el funcionario reveló que ya se ha acusado a un juez mexicano recientemente, aunque no dio detalles. La maquinaria judicial estadounidense está engrasada y no piensa detenerse.

“Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del Gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará”.

El efecto dominó de los capos colaboradores

La clave de esta nueva ola de acusaciones no es la inteligencia estadounidense ni las escuchas telefónicas. Es mucho más simple y brutal: los propios narcotraficantes están cantando. Entre los que ya han llegado a acuerdos con la justicia de EU están Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, y Joaquín Guzmán López, El Güero, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. También Ismael El Mayo Zambada, quien tras ser secuestrado y entregado en 2024, también colabora. Como reporta Diario.mx, desde 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a más de 90 criminales de alto perfil al otro lado de la frontera, incluyendo a Rafael Caro Quintero. Cada uno de ellos es una bomba de información que puede estallar en cualquier momento.

El mensaje es claro: si eres político mexicano y tuviste algún tipo de relación con el narco —por acción, omisión o conveniencia—, tu nombre podría estar en la lista de espera. Y no importa si eres gobernador, juez o secretario de seguridad. La justicia estadounidense no discrimina por cargos ni por colores partidistas. Como señala La Verdad Noticias, las investigaciones abarcan desde narcotráfico hasta tráfico de armas, y la presión sobre los políticos mexicanos es creciente.

La diplomacia del miedo

Lo más inquietante de todo esto no es solo que vengan más acusaciones, sino que el gobierno mexicano parece estar atrapado en una contradicción insostenible. Por un lado, la administración de Claudia Sheinbaum ha cooperado activamente con Estados Unidos en la extradición de capos. Por el otro, esas mismas extradiciones están generando la evidencia que podría incriminar a funcionarios y políticos mexicanos. Blanche lo dijo sin tapujos: la relación con México “es muy positiva” y la cooperación es clave. Pero esa misma cooperación es la que está cavando la tumba política de más de un personaje.

Y mientras tanto, Donald Trump no se queda callado. El mismo día de las declaraciones de Blanche, el presidente estadounidense advirtió que Washington podría actuar directamente si algunos países del continente no combaten el tráfico de drogas. La nueva Estrategia Antiterrorismo de EU menciona posibles acciones unilaterales contra gobiernos considerados “cómplices” de organizaciones criminales. Es decir, no solo van por los políticos, sino que también amenazan con intervenir si el Estado mexicano no hace lo suficiente. El escenario es de terror para cualquier funcionario que haya mirado para otro lado.

¿Y la soberanía?

Aquí es donde la narrativa oficial se desmorona. Durante años, el discurso de la soberanía nacional fue el escudo perfecto para evitar que Estados Unidos interviniera en asuntos internos. Pero ahora, el propio gobierno mexicano está entregando a los criminales que después testificarán contra sus políticos. Es como si le estuvieras dando las llaves de tu casa al vecino y luego te quejaras de que entra sin tocar. La cooperación es necesaria, sí, pero también está dejando al descubierto una red de complicidades que va mucho más allá de lo que cualquier gobierno mexicano ha querido admitir.

El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, es solo la punta del iceberg. La acusación en su contra, presentada por el Distrito Sur de Nueva York, incluye a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado. Y según Blanche, esto es solo el principio. La pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuántos más están en la lista? ¿Cuántos gobernadores, alcaldes, jueces y diputados durmieron mal la noche del 6 de mayo? Porque si algo quedó claro es que la factura del narco, tarde o temprano, se cobra. Y en esta ocasión, la cobran en cortes estadounidenses, con testigos que antes eran intocables y que ahora hablan sin reservas.

Fuentes consultadas:

• Elimparcial – Estados Unidos alertó que más políticos mexicanos serán acusados por temas de narcotráfico
• Elpais – El fiscal general de Estados Unidos advierte de que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos por nexos con los carteles | EL PAÍS México
• Diario – Pueden venir más acusaciones contra políticos mexicanos.- EU
• Laverdadnoticias – Políticos mexicanos bajo presión en EU