Lo que debes de saber
- El Departamento de Justicia de EU acusó a Rubén Rocha Moya y a otros 9 funcionarios de Sinaloa de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina.
- La acusación describe una red de protección que iba desde el gobernador hasta policías municipales, a cambio de sobornos de millones de dólares.
- Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, pidió no especular y dijo que la solicitud de extradición no tiene sustento probatorio.
- El caso ocurre en medio de la revisión del T-MEC y tras la polémica por un operativo antidrogas en Chihuahua con participación de agencias estadounidenses.
La acusación que cimbra a Sinaloa
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales y municipales por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según Aztecaguerrero, los cargos incluyen conspiración para la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como delitos relacionados con armas de fuego. La acusación, dada a conocer por el fiscal Jay Clayton y el administrador de la DEA Terrance C. Cole, señala que los imputados utilizaron sus cargos públicos para proteger y facilitar las operaciones de narcotráfico de la facción de los «Chapitos», hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, dentro del Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos de millones de dólares.
Entre los señalados figuran nombres que van desde el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez hasta el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, pasando por el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, el vicefiscal general, el exsecretario de Seguridad, un comandante de la Policía Municipal, dos exjefes de la Policía de Investigación y un exsubdirector de la Policía Estatal. La lista es un quién es quién del poder político y policiaco en Sinaloa, y la acusación no deja espacio para medias tintas: describe una red de protección que iba desde el gobernador hasta los mandos medios de la policía.
«Los acusados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para enviar grandes cantidades de drogas, fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, a Estados Unidos, a cambio de sobornos y apoyo político», según Revistafortuna.
La respuesta de Morena: «no hay sustento probatorio»
La reacción del partido en el poder no se hizo esperar. Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, salió a declarar que la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos «no trae sustento» y que podría tratarse de «dimes y diretes». Según Infobae, Mier afirmó que «en una primera aproximación, en una revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento». También pidió no adelantar juicios ni especular, y dijo que la Fiscalía de Nueva York tendrá que presentar pruebas de las acusaciones, pues hasta ahora solo se conocen los cargos, pero no se han documentado.
La postura de Mier es la misma que ha mantenido Morena en otros casos de acusaciones internacionales contra sus funcionarios: esperar, no anticipar juicios y recordar que quien acusa está obligado a probar. Pero el contexto es distinto. La acusación no es un señalamiento aislado: es parte de una estrategia más dura de Washington que busca no solo detener a integrantes de cárteles, sino también exhibir y procesar a quienes desde el poder público presuntamente los protegen. Y llega justo cuando la relación bilateral atraviesa un momento especialmente delicado.
El T-MEC y la sombra de la soberanía
Las acusaciones contra Rocha Moya no ocurren en el vacío. Según Revistafortuna, el caso llega en un momento especialmente delicado para la relación bilateral, justo cuando ambos países se encaminan a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Aunque el tratado es comercial, en la práctica temas como el Estado de derecho, la seguridad y la confianza institucional son cada vez más importantes. Para Estados Unidos, la estabilidad jurídica es clave para la inversión; para México, la defensa de la soberanía nacional es una línea que no está dispuesto a ceder fácilmente.
A esto se suma el reciente episodio en Chihuahua, donde un operativo antidrogas con participación de agencias estadounidenses generó polémica por la falta de claridad en la coordinación con autoridades mexicanas. El caso abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad dentro del país, y aumentó la tensión política en ambos lados de la frontera. En este contexto, la acusación contra Rocha Moya se lee con cautela: por un lado, como parte de la cooperación en seguridad; por otro, como un posible exceso que toca fibras sensibles como la soberanía.
¿Qué sigue para Rocha Moya?
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril a las 18:00 horas recibió solicitudes de extradición de varias personas por parte del Gobierno de Estados Unidos. Con base en la Ley de Extradición Internacional, la Secretaría turnó la documentación a la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para evaluar las solicitudes conforme a la legislación mexicana. Según Infobae, la revisión jurídica de la institución indicó que los documentos entregados por la Embajada de Estados Unidos, en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no tienen sustento probatorio.
Pero la pregunta que flota en el aire es si Estados Unidos podría intentar una detención unilateral, como ocurrió con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Según Aztecapuebla, el temor de una posible extracción unilateral ha comenzado a circular en el entorno político mexicano tras la acusación. Sin embargo, especialistas sostienen que cualquier proceso debe realizarse conforme a las leyes nacionales y los tratados de extradición, rechazando cualquier intervención extranjera fuera de los mecanismos diplomáticos y judiciales.
Por ahora, Rocha Moya ha rechazado las acusaciones, y el caso entra en una fase crítica. La relación bilateral entre ambos países atraviesa una etapa de alta tensión entre la cooperación en seguridad e intercambio de inteligencia. Mientras Estados Unidos mantiene su ofensiva contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, México defiende su soberanía y pide pruebas. La pregunta es si, en medio de la revisión del T-MEC, la presión de Washington será suficiente para que la FGR actúe con rapidez, o si el caso se convertirá en otro capítulo de la larga historia de impunidad en México.
Fuentes consultadas:
- Aztecaguerrero – Acusan Estados Unidos a Rubén Rocha Moya por delitos contra la salud
- Aztecapuebla – ¿Podrían detener a Rocha Moya en México, como a Nicolás Maduro en Venezuela?
- Revistafortuna – Fortuna, Negocios y Finanzas
- Eluniversal – Morena no solapa a nadie: Ignacio Mier; pide no especular del caso Rocha Moya
- Infobae – Ignacio Mier asegura que no hay “sustento probatorio” para una posible extradición en caso Rocha Moya – Infobae
