El diputado César Arturo Lara Rocha presentó ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí una iniciativa para reformar el Código Penal local y fortalecer las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. La propuesta plantea aumentar las penas de prisión de uno a cuatro años para quienes deliberadamente evadan sus responsabilidades alimentarias, además de imponer multas de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la suspensión o privación de los derechos de familia hasta por seis meses.
Detalles de la reforma propuesta
La iniciativa busca modificar las fracciones II y III, el segundo párrafo, así como adicionar una fracción IV y un tercer párrafo al artículo 202 del Código Penal del Estado. Entre las conductas que se pretenden sancionar se encuentran eludir intencionalmente el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas en el Código Familiar del Estado, colocarse deliberadamente en estado de insolvencia para evitar el pago de alimentos determinados por la ley o mediante resolución judicial, y proporcionar datos falsos, ocultar o alterar el nombre, domicilio o el monto real de ingresos con el propósito de evadir el establecimiento o cumplimiento de dichas obligaciones.
El legislador explicó que actualmente este delito contempla una pena de seis meses a tres años de prisión, por lo que la propuesta eleva el rango de sanción de uno a cuatro años de privación de la libertad. Además, como parte de la reparación del daño, se contempla el pago total de las cantidades que no hayan sido suministradas oportunamente.
La iniciativa también establece que la acción penal pueda ejercerse independientemente de que se haya iniciado o no algún procedimiento en materia familiar, con el propósito de fortalecer los mecanismos de protección para quienes dependen del cumplimiento de estas obligaciones.
Protección a grupos vulnerables
De acuerdo con el diputado Lara Rocha, la reforma busca endurecer la respuesta legal frente a conductas que afectan directamente el acceso a recursos indispensables para la alimentación y bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como de personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. La propuesta fue turnada a la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado para ser analizada y dictaminada.
Con esta acción, el Congreso del Estado de San Luis Potosí da inicio al proceso legislativo para evaluar la viabilidad de la reforma, que de aprobarse representaría un cambio significativo en la protección de los derechos alimentarios en la entidad.
Material complementario: El boletín oficial incluye una imagen relacionada con la iniciativa, disponible en el archivo adjunto.
