Sheinbaum condiciona extradición de Rocha a que EU presente pruebas claras

La mandataria defiende la soberanía nacional y promete investigar si hay evidencias sólidas contra el gobernador de Sina

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Lo que debes de saber

  • Sheinbaum condiciona la extradición de Rocha Moya a que EU presente pruebas claras e irrefutables.
  • La presidenta defiende la soberanía nacional y advierte que no permitirá injerencias extranjeras.
  • El Departamento de Justicia de EU acusa a Rocha Moya y otros nueve funcionarios de narcotráfico.
  • La FGR iniciará una investigación para determinar si las acusaciones tienen fundamento legal en México.
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Tomado de: Infobae

La jugada de Sheinbaum: soberanía o cortina de humo

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, con un discurso que combina defensa de la soberanía y un condicionamiento claro: si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe «pruebas contundentes e irrefutables», el mandatario estatal será procesado en México. «Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero», sentenció desde Palacio Nacional, según reportó Infobae. La declaración no es menor: llega en un momento donde las relaciones con el vecino del norte están más tensas que nunca, y donde cualquier movimiento en falso podría costar caro.

«Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político», afirmó Sheinbaum, según El País.

La presidenta dejó claro que su gobierno no encubrirá a nadie, pero también puso en duda la legitimidad de las acusaciones. «Hasta hoy, solo hay unos escritos de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son y luego esto», dijo, señalando las fotografías anexadas en la acusación, donde se ven papeles manuscritos con registros de pagos al gobierno de Sinaloa. La pregunta que flota en el aire es: ¿qué tan sólidas son las pruebas de Washington? Porque si algo ha caracterizado a la administración de Donald Trump es su tendencia a usar el garrote diplomático sin miramientos.

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Tomado de: Jornada

El contexto: una tormenta perfecta

El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, presentó una lista con nombres y apellidos de funcionarios sinaloenses acusados de conspirar con líderes del narcotráfico a cambio de protección y sobornos. Entre ellos están el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán. La acusación, según El Universal, sacudió no solo a Sinaloa, sino que puso en jaque la narrativa de la 4T sobre la lucha contra la corrupción. Sheinbaum, sin embargo, llamó a la calma y prometió que la FGR investigará a fondo. «Verdad, justicia y defensa de la soberanía», repitió como un mantra.

Pero aquí viene lo interesante: mientras la presidenta pide pruebas, la agencia calificadora S&P ya colocó la calificación crediticia de Sinaloa en revisión especial negativa. El golpe no es solo político, también económico. Y es que cuando un gobernador es acusado de narcotráfico por la DEA, los mercados reaccionan. No es para menos: Sinaloa es el corazón del cártel más poderoso del mundo, y tener a su gobernador señalado de complicidad no es exactamente una carta de presentación para inversionistas.

El dilema de las pruebas: ¿qué es «contundente»?

Sheinbaum condicionó la extradición de Rocha Moya a que la FGR reciba «pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana». Pero, ¿qué significa eso en la práctica? México tiene un historial de exigir estándares altos para extradiciones, especialmente cuando se trata de figuras políticas. El caso más reciente es el de Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional que fue detenido en EU en 2020 y luego liberado por «falta de pruebas» después de que México amenazara con romper la cooperación bilateral. El fantasma de Cienfuegos ronda la conferencia mañanera.

La presidenta fue clara: «Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables… deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción». Pero también advirtió que «si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político». Es una jugada maestra: pone la pelota en la cancha de Washington y, de paso, se cubre las espaldas con el discurso de la soberanía. El problema es que, mientras tanto, la oposición ya está afilando los cuchillos.

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Tomado de: Eluniversal

La oposición y el ruido político

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el PAN hasta el PRI, pasando por Movimiento Ciudadano, todos exigieron que Rocha Moya se separe del cargo mientras se investiga. El gobernador, sin embargo, ya dejó claro que no piensa renunciar. «Enfrentaré las acusaciones sin temor», dijo, según reportó La Jornada. Pero la presión es enorme: si Sheinbaum no actúa con mano firme, el costo político para su gobierno podría ser altísimo, especialmente porque ella misma ha hecho de la lucha contra la corrupción uno de los pilares de su administración.

Y aquí está la ironía: la presidenta que prometió «cero impunidad» ahora pide paciencia y pruebas. No es que esté mal exigir evidencias sólidas —al contrario, es lo que cualquier Estado de derecho debería hacer—, pero el timing no podría ser peor. Justo cuando la relación con Estados Unidos está en su punto más bajo por los aranceles y las amenazas de Trump, aparece esta acusación que huele a presión política. ¿Es una coincidencia? ¿O es parte de una estrategia más amplia para desestabilizar al gobierno de Sheinbaum?

Lo cierto es que el caso Rocha Moya se ha convertido en una prueba de fuego para la presidenta. Por un lado, debe demostrar que su gobierno no tolera la corrupción, ni siquiera entre sus aliados políticos. Por el otro, tiene que defender la soberanía nacional frente a lo que ella misma califica como una intromisión extranjera. El equilibrio es tan frágil como un castillo de naipes en medio de un temblor.

Mientras tanto, los sinaloenses ven con preocupación cómo su estado vuelve a ser el centro de atención por las razones equivocadas. La violencia no da tregua, la economía tambalea y ahora su gobernador está acusado de narcotráfico. Sheinbaum promete que habrá justicia, pero la pregunta que queda flotando es: ¿justicia para quién? Porque si las pruebas no aparecen, el fantasma de la impunidad seguirá rondando, y si aparecen, el costo político para la 4T podría ser devastador. Al final, como dice el refrán, «del plato a la boca se cae la sopa». Y en este caso, la sopa está más caliente que nunca.


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