Embarazo infantil en SLP: ya se persigue como violación, pero el debate recién empieza

El dato que debería helar la sangre

En San Luis Potosí, desde hace unos días, cualquier embarazo en una menor de edad ya no es un «accidente» ni un «error». Es, por definición de la Fiscalía General del Estado, una violación. Así lo reportó Sanluispotosi Quadratin, detallando que la dependencia ahora persigue de oficio estos casos bajo la figura de «violación específica», con penas que van de 9 a 18 años de cárcel. Suena a avance, y en el papel lo es. Pero si rascamos un poco, lo que encontramos no es una victoria legal, sino la admisión de un fracaso colectivo: el sistema está reaccionando cuando el daño ya está hecho, no evitándolo.

La noticia, cubierta también por El Sol de San Luis, confirma que la Fiscalía ya no esperará denuncias de los padres ni de las propias víctimas. Cualquier embarazo en una menor activa una investigación penal automática. Es un cambio de paradigma en la procuración de justicia, sí, pero también es la constatación de que el Estado llegó tarde a la fiesta de la prevención. Porque si una niña de 13 años llega a un hospital con un embarazo de 20 semanas, la pregunta no es solo quién es el responsable penal, sino cómo es posible que nadie haya visto nada antes.

«La propuesta, presentada el pasado 19 de abril, plantea modificar la denominación del capítulo III para incluir el concepto ‘Del Embarazo Infantil y el Estupro'», reportó El Sol de San Luis.

El Congreso entra al quite, pero con pies de plomo

Mientras la Fiscalía ya actúa, el Congreso local analiza darle un sustento legal más sólido a esta política. Debate informó que se estudia tipificar como delito autónomo el embarazo en menores de 15 años, sin excepción. La iniciativa busca que el simple hecho de que una menor resulte embarazada sea considerado evidencia suficiente de un abuso sexual, eliminando la necesidad de que la víctima declare o de que existan pruebas de violencia física. En teoría, es un blindaje legal. En la práctica, abre preguntas incómodas sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, aunque en casos de menores, el debate ético pesa más que el técnico.

Por su parte, Central San Luis reportó que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, consideró viable la iniciativa que propone clasificar como abuso sexual el hecho de provocar el embarazo en menores de 14 años, aunque subrayó que deberá someterse a un análisis técnico antes de su eventual incorporación al marco legal. La postura de la legisladora es prudente, casi timorata: «viable, pero hay que estudiarlo». Y tiene razón en pedir análisis, pero el mensaje que manda es contradictorio: por un lado se aplaude la medida, por el otro se le pone freno de mano.

El verdadero problema no está en los códigos penales

Aquí está el meollo del asunto: tipificar el embarazo infantil como delito es necesario, pero insuficiente. Las cifras de violencia sexual contra menores en San Luis Potosí son escalofriantes, y el sistema de justicia ha demostrado una y otra vez que no está preparado para procesar estos casos con la sensibilidad y la celeridad que requieren. Las víctimas, muchas veces, son revictimizadas por el propio sistema: declaraciones repetidas, peritajes invasivos, y un proceso judicial que puede durar años. La Fiscalía puede investigar de oficio, pero si no hay capacidad para acompañar a las víctimas, la investigación se convierte en un trámite burocrático más.

Además, el enfoque exclusivamente punitivo deja fuera la prevención. ¿De qué sirve castigar al agresor si no se atacan las causas de fondo? La falta de educación sexual integral en las escuelas, los tabúes familiares que impiden hablar del tema, y la normalización de relaciones asimétricas de poder entre adultos y menores son el caldo de cultivo perfecto para que estos delitos sigan ocurriendo. El Estado potosino está poniendo parches legales a un problema que requiere cirugía social.

La discusión en el Congreso y la acción de la Fiscalía son pasos en la dirección correcta, pero no se puede perder de vista que el objetivo final no debería ser llenar las cárceles de violadores, sino evitar que haya niñas embarazadas. Mientras no se invierta en prevención, en educación y en redes de apoyo, cualquier reforma legal será, en el mejor de los casos, un paliativo. Y en el peor, una cortina de humo que oculte la incapacidad del Estado para proteger a quienes más lo necesitan.

Fuentes consultadas:

• Sanluispotosi Quadratin – Embarazo en menores ya se persigue como violación: Fiscalía
• Oem – Embarazo en menores de edad ya se investiga como violación en San Luis Potosí
• Debate – San Luis Potosí analiza castigar embarazo en menores de 15 años sin excepción
• Centralsanluis – Analizan tipificar embarazo en menores de 14 años como abuso sexual en SLP