El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el Decreto que reforma el artículo 228 Bis del Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer el marco sancionador respecto al delito de despojo. La reforma incrementa la pena básica de prisión de dos a siete años y establece una sanción pecuniaria de cien a quinientos días del valor de la unidad de medida y actualización. Anteriormente, la pena era de uno a cinco años de prisión.
Nuevas agravantes y protección a sectores vulnerables
El dictamen, presentado por la Comisión Primera de Justicia que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, incorpora agravantes que permiten incrementar la pena hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo. Estas agravantes se aplican cuando se simulen actos de autoridad, se utilice documentación falsa, participe un servidor público —en cuyo caso se impondrá además destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta— y cuando el delito se cometa en contra de un ascendiente o persona adulta mayor.
En la exposición de motivos se señala que el derecho a la propiedad y a la posesión pacífica de los bienes constituye un pilar fundamental consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. El despojo, al implicar la ocupación ilícita de inmuebles o el ejercicio indebido de derechos reales mediante violencia física o moral, engaño o de manera furtiva, no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino que también genera un profundo impacto en su seguridad, tranquilidad y confianza en las instituciones.
Contexto y justificación de la reforma
La necesidad de la reforma se sustenta en varios factores críticos, como el aumento de casos de despojo en San Luis Potosí, con 277 casos registrados en 2025, lo que evidencia una problemática creciente que requiere una respuesta penal más contundente. Se menciona también la participación de redes de corrupción que operan con la complicidad de actores, lo que exige sanciones más severas para quienes abusan de la confianza ciudadana y vulneran el Estado de Derecho.
Asimismo, se destaca que los sectores vulnerables, como personas mayores de sesenta años, personas con discapacidad y ascendientes, son particularmente susceptibles a este delito debido a su situación física, económica o social, lo que justifica la inclusión de agravantes específicos. La simulación de actos de autoridad y el uso de documentación falsa agravan el delito al generar confusión y socavar la confianza en las instituciones, mientras que la colusión de servidores públicos en estos actos representa una traición a la confianza ciudadana.
Con esta reforma, se espera la disuasión del delito mediante sanciones más severas y agravantes específicas que desincentivarán la comisión de despojos, especialmente por parte de redes organizadas. También se busca la protección a sectores vulnerables a través de la inclusión de agravantes para casos que afecten a personas mayores, con discapacidad o ascendientes, garantizando una mayor protección a estos grupos. Además, se fortalece la confianza en las instituciones mediante la sanción a servidores públicos y notarios involucrados, junto con medidas de prevención que restaurarán la confianza ciudadana en el sistema de justicia, y se reduce la impunidad gracias a la colaboración interinstitucional y las medidas de reparación del daño que agilizarán la respuesta estatal y garantizarán justicia para las víctimas.
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