En sesión del pleno del Congreso del Estado, celebrada el viernes 14 de agosto de 2026, se aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal del Estado para incorporar como agravante en los delitos de violación, abuso sexual y robo la administración de sustancias que anulen la voluntad de la víctima, práctica conocida como sumisión química.
Reforma para sancionar la sumisión química
La iniciativa fue presentada por la diputada María Dolores Robles Chairez, quien destacó que el uso de estas sustancias constituye un medio particularmente grave para la comisión de delitos, pues vulnera la capacidad de autodeterminación y discernimiento de las víctimas.
La reforma establece que será considerada una circunstancia agravante cuando, para facilitar la comisión de los delitos mencionados, se administre, suministre o induzca a la víctima, sin su consentimiento, de manera forzada u oculta, fármacos, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia natural o química idónea para alterar, disminuir o anular su capacidad de resistencia, autodeterminación o discernimiento.
Con esta modificación, el Congreso del Estado reconoce que la sumisión química es un medio de comisión delictiva de alta gravedad y se alinea con las legislaciones de otras entidades federativas del país, donde esta práctica ya se sanciona como agravante.
Impacto social y sanitario
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que es fundamental atender y sancionar los casos de sumisión química por su importante repercusión social y sanitaria, principalmente entre las y los jóvenes, ya que la forma más habitual de cometerla es agregando las sustancias a las bebidas que se consumen en bares, cervecerías, centros nocturnos o de entretenimiento.
Además, la diputada subrayó los daños a la salud que pueden padecer las víctimas por el uso de estas sustancias, entre ellos dificultad respiratoria, taquicardias, hipotensión, convulsiones, aumento de la temperatura corporal, dificultad del movimiento y vómito.
Con esta reforma, el Congreso del Estado refuerza el marco legal para proteger a las víctimas y sancionar de manera más severa a quienes utilicen estos métodos para cometer delitos.
