El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó modificaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, a propuesta del diputado Luis Fernando Gámez Macías, para establecer como obligación de los municipios identificar, delimitar y destinar reservas territoriales específicas para el establecimiento de parques o zonas industriales.
¿Qué establece la reforma?
Con esta reforma, se dota a los municipios de un instrumento para disponer de suelo preparado y regulado que facilite la atracción de inversiones y la creación de empleo, contribuyendo a un desarrollo regional más equilibrado y a una mejor calidad de vida para la población. La iniciativa reconoce la autonomía local para definir, con base en su vocación territorial y sus características propias, las áreas más adecuadas para el asentamiento industrial.
Al respecto, el diputado Gámez Macías señaló que el estado enfrenta un momento decisivo para fortalecer su desarrollo económico, debido a la relocalización industrial, la reorganización de las cadenas de suministro y el dinamismo del mercado interno, lo que atrae inversiones y amplía la actividad productiva en todas las regiones.
Sin embargo, una importante cantidad de municipios potosinos aún carecen de reservas territoriales adecuadamente planificadas para uso industrial, situación que limita su capacidad para recibir nuevas empresas y competir por proyectos productivos.
Criterios de sustentabilidad
La modificación establece que los municipios identifiquen y destinen reservas territoriales específicas para parques o zonas industriales. Estas áreas deberán estar integradas a los planes y actividades municipales de desarrollo urbano y deberán considerar criterios de sustentabilidad, compatibilidad de usos, conectividad, prevención de riesgos y protección de áreas naturales.
El diputado Luis Fernando Gámez aseguró que esta propuesta contribuye a avanzar en varios objetivos de la política pública estatal: permite distribuir los beneficios del crecimiento económico entre todas las regiones, evitando la concentración de inversiones en la zona metropolitana; y fortalece el papel de las cabeceras de distrito como centros de actividad económica y logística, impulsando su consolidación como polos de empleo y servicios.
Asimismo, promueve condiciones más equitativas entre municipios, al ofrecerles herramientas para contar con suelo ordenado y factible para la instalación industrial, y mejora la coordinación entre la planeación urbana y la económica, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y sostenible.
