Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
¿Qué conductas se sancionarían?
La iniciativa propone que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o inseguridad a cualquier persona, mediante:
- Disparos de armas de fuego
- Detonación de artefactos explosivos
- Uso de sustancias químicas o inflamables
Estas conductas serían sancionables cuando ocurran en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas o cualquier evento similar, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, incluso si se realizan desde un lugar privado hacia esos espacios.
Sanciones propuestas
La reforma establece penas de cuatro a ocho años de prisión y una sanción pecuniaria de 400 a 800 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, las penas se incrementarían hasta en una mitad cuando el delito se cometa contra:
- Niñas, niños o adolescentes
- Mujeres por razones de género
- Adultos mayores
- Personas con discapacidad
También se agravaría la pena si el hecho ocurre en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos, o si el responsable es o fue servidor público de alguna corporación policial, de seguridad privada o de las fuerzas armadas.
Las mismas sanciones aplicarían a quienes utilicen armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
Contexto de la iniciativa
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
La diputada indicó que el marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, a liberar al imputado por atipicidad de la conducta. Con esta iniciativa se busca corregir esa situación.
¿Qué sigue?
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen.
