Con el objetivo de transformar el tratamiento de las adicciones en San Luis Potosí, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado. La propuesta busca armonizar la legislación local con la Ley General de Salud, eliminando el estigma y garantizando que el sistema estatal de salud aborde al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
Cambio de paradigma: del control social al derecho a la salud
En su exposición de motivos, el legislador señaló que la evidencia clínica demuestra que las adicciones a sustancias psicoactivas no son simples eventos de conducta, sino trastornos de salud mental con bases neurobiológicas, tal como ya lo reconoce la Ley General de Salud. La iniciativa propone transitar de un modelo de «control social» a uno de «derecho a la salud», posicionando al paciente como un sujeto de derechos en lugar de un objeto de vigilancia.
Las reformas se centran en los artículos 23 y 35 de la ley estatal. En cuanto a la especialización del personal, se propone que los profesionales que atienden a consumidores de sustancias psicoactivas cuenten con capacitación médica validada, especialmente para el tratamiento del síndrome de abstinencia. Además, se plantea que los directivos de centros de atención sean auxiliados por médicos capacitados en toxicología y crisis de abstinencia, garantizando una atención científica y la referencia hospitalaria cuando sea necesario.
Padrón público de centros de tratamiento
Otro punto relevante de la iniciativa es la creación de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado. Según el diputado Castro, esta medida no solo permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que también funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, donde se discutirá su viabilidad y posibles ajustes antes de ser sometida a votación.
