La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer la obligación del responsable de un accidente de tránsito de otorgar una compensación económica a la víctima cuando las lesiones le impidan total o parcialmente realizar su actividad laboral.
La propuesta plantea adicionar el artículo 143 del Código Penal del Estado para que, en casos de lesiones derivadas de accidentes de tránsito que imposibiliten a la víctima para trabajar, el responsable deba cubrir una compensación económica suficiente y proporcional al daño causado. Dicha compensación deberá pagarse de manera periódica, mediante mensualidades o en la modalidad que determine la autoridad competente, según la naturaleza y duración de la incapacidad.
Vacío legal en la protección de las víctimas
La legisladora señaló que el Código Penal estatal ya contempla sanciones para homicidio o lesiones culposas en accidentes de tránsito, especialmente cuando el conductor está en estado de ebriedad, bajo el influjo de sustancias o se da a la fuga. Sin embargo, no existe una obligación clara y específica de garantizar una compensación económica periódica cuando la persona lesionada queda imposibilitada para trabajar, lo que genera un vacío importante en la protección integral de la víctima.
“Las lesiones derivadas de accidentes de tránsito representan una afectación económica constante que puede prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de la gravedad del daño”, expresó la diputada Sánchez de Lira.
Enfoque integral de reparación del daño
La iniciativa busca que la reparación del daño no se limite a un enfoque meramente punitivo, sino que considere las condiciones reales de la persona afectada. Una lesión que impide trabajar no solo es un problema de salud, sino también una afectación económica que puede derivar en endeudamiento o imposibilidad de cubrir necesidades básicas.
La diputada destacó que muchas víctimas de accidentes de tránsito no cuentan con seguros, ahorros o redes de apoyo para afrontar una incapacidad laboral, lo que las coloca en un estado de vulnerabilidad.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictaminación.
