La diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de mejorar la operación del Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas. La propuesta plantea que este padrón esté a cargo del Registro Civil del estado.
Objetivos de la iniciativa
La legisladora señaló que la iniciativa busca cerrar brechas, fortalecer instituciones y enviar un mensaje claro de que en San Luis Potosí el incumplimiento de las obligaciones alimentarias no será tolerado ni quedará sin consecuencias, porque garantizar los alimentos es garantizar la vida misma.
¿Quiénes serán considerados deudores alimentarios morosos?
La propuesta establece que una persona se constituirá en deudora alimentaria morosa cuando incumpla con la entrega de alimentos por un período de sesenta días continuos, o que deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años. En estos casos, el juez de lo familiar ordenará de oficio su inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, que estará a cargo del Registro Civil del estado.
Funciones del Registro Civil
El Registro Civil será responsable de la integración, actualización, resguardo y administración del padrón, así como de la expedición de las constancias correspondientes sobre la inscripción o no inscripción de una persona en el mismo.
Restricción de salida del país
La iniciativa incorpora la posibilidad de que la autoridad judicial, bajo criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, pueda dar aviso a las autoridades competentes para restringir la salida del país de aquellas personas que incumplan con sus obligaciones alimentarias. Esta medida no es automática ni arbitraria, sino que está sujeta a la valoración judicial, lo que garantiza el respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Cancelación de la inscripción
La iniciativa también contempla el derecho de las personas deudoras a solicitar la cancelación de su inscripción en el padrón una vez que hayan cumplido totalmente con sus obligaciones, estableciendo un procedimiento claro, transparente y ágil que permite cerrar el ciclo de incumplimiento y reintegrarse plenamente a la vida jurídica sin cargas indebidas.
Determinación del monto de alimentos
Adicionalmente, se refuerza el criterio para la determinación del monto de los alimentos, estableciendo que cuando no sea posible comprobar los ingresos de la persona deudora, la autoridad jurisdiccional deberá considerar su capacidad económica y el nivel de vida que haya mantenido en los últimos dos años.
Declaraciones de la diputada
La legisladora señaló en su exposición de motivos que no se puede seguir permitiendo que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias sea visto como un asunto menor o privado, cuando en realidad se trata de una forma de violencia económica que impacta directamente en la vida de miles de familias, particularmente de mujeres y niñas, generando desigualdades profundas que el Estado tiene la obligación de atender.
La iniciativa se turnó a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis.
