La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presidida por la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 BIS al Código Penal del Estado, con el objetivo de sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.
Detalles de la reforma
La legisladora explicó que la adición establece un tipo penal para castigar a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando dicha conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
El dictamen especifica que quien incurra en estas conductas, por sí o por interpósita persona, y fuera de los supuestos autorizados por la ley, realice acciones como audiograbar, comercializar, compartir, difundir, distribuir, entregar, exponer, enviar, filmar, fotografiar, intercambiar, ofertar, publicar, remitir, reproducir, revelar, transmitir o videograbar imágenes o audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, o de las circunstancias de la muerte o lesiones, se le impondrá una pena de prisión de tres a ocho años y una sanción pecuniaria de trescientas a un mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Asimismo, se establece que tanto la pena de prisión como la sanción pecuniaria se aumentarán hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente; o cuando el contenido se difunda a través de medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
Contexto y antecedentes
La diputada Leticia Vázquez Hernández indicó que esta iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales. Este caso evidenció la necesidad de proteger la dignidad de las víctimas y sus familias, así como de evitar la revictimización.
Con esta reforma, San Luis Potosí se suma a los esfuerzos por regular el manejo de información sensible en procesos judiciales y garantizar que los servidores públicos actúen con responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
Próximos pasos
El dictamen aprobado por la Comisión Primera de Justicia será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su votación. De ser aprobado, se adicionará el artículo 342 BIS al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos.
Material complementario: no se proporcionó en el boletín.
