La diputada Ana María de la Cruz Olvera presentó una iniciativa para reformar el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer como obligación del Estado garantizar la implementación de configuraciones institucionales de seguridad y monitoreo de paz en los entornos académicos.
Propuesta legislativa
La iniciativa plantea incorporar como parte de las obligaciones del Estado en materia educativa el establecimiento de la cultura de paz, la prevención de las violencias y el bienestar psicoemocional como ejes transversales. Además, se propone que el Estado coordine a las instituciones de seguridad y salud mental para la enseñanza obligatoria de mecanismos alternativos de prevención o transformación pacífica de conflictos, adaptando estas estrategias a las características de cada nivel y subsistema educativo.
Contexto de violencia escolar
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el sistema educativo en San Luis Potosí y en el país enfrenta una problemática caracterizada por la convergencia de la violencia en los entornos escolares, la proliferación del ciberacoso y un acelerado deterioro del bienestar psicoemocional de la niñez, adolescencia y juventud. Las instituciones educativas, concebidas originalmente como espacios protectores de formación integral, experimentan dinámicas de convivencia afectadas por el hostigamiento, la exclusión y la agresión sistemática, lo que vulnera el derecho fundamental a un aprendizaje seguro y digno.
La diputada citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que revelan que el 28 por ciento de la población estudiantil de entre 12 y 17 años ha sido víctima de acoso en el ámbito académico, lo que representa aproximadamente 3.3 millones de adolescentes afectados.
Fundamento constitucional
De acuerdo con la legisladora, la reforma se fundamenta en el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos consagrado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado.
