Lo que debes de saber
- La reforma constitucional de Ortega amplía el período presidencial de 6 a 7 años renovables.
- La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobará la reforma en septiembre.
- La oposición será excluida de las elecciones bajo los términos ‘vendepatrias’ y ‘golpistas’.
- Estados Unidos y la Unión Europea han condenado la medida, mientras México evade pronunciarse.
El poder absoluto no tiene fecha de caducidad
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado una reforma constitucional que busca ampliar su mandato de seis a siete años y, de paso, borrar del mapa electoral a cualquier oposición que no le rinda pleitesía. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, tiene previsto aprobar la medida a inicios de septiembre, según reportó DW. El proyecto, que aún no se ha difundido en su totalidad, fue recibido por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien justificó la ampliación del período presidencial como una medida para «asegurar estabilidad en visión, operatividad y continuidad».
La propuesta no solo alarga el tiempo en el poder, sino que establece un filtro político para las elecciones: los partidos opositores serán etiquetados como «vendepatrias» o «golpistas» al servicio de Estados Unidos, términos que Ortega ha usado durante años para descalificar a sus adversarios. En la práctica, esto significa que cualquier disidencia real quedará fuera de los comicios, convirtiendo el proceso electoral en un mero trámite de ratificación del régimen. El Universo documenta que la copresidenta Rosario Murillo explicó que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático antes de su aprobación, un gesto que parece más un aviso que una consulta.
La dictadura se perfecciona
Esta no es la primera vez que Ortega mueve las reglas del juego a su favor. En 2024, una reforma constitucional amplió el período presidencial de cinco a seis años y elevó a su esposa, Rosario Murillo, al cargo de copresidenta. Además, pospuso para noviembre de 2027 las elecciones que debían realizarse a finales de 2026. Ahora, con esta nueva reforma, Ortega busca consolidar un ciclo de poder que, sumando sus años continuos desde 2007, lo llevaría a gobernar más de tres décadas. La justificación oficial, según Porras, es que el sistema de «gobierno de pueblo presidente» necesita un período efectivo de siete años renovables para «hacer frente con toda energía y claridad a las urgencias».
«Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con período efectivo de siete años renovables», dijo Gustavo Porras al leer la parte introductoria de la propuesta, según DW.
La comunidad internacional ha reaccionado con condenas, aunque sin consecuencias concretas. Estados Unidos advirtió que no se quedará de «brazos cruzados» frente a la «dictadura», mientras la Unión Europea exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones «de conformidad con las normas internacionales». Sin embargo, estas declaraciones se han quedado en el papel. El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá relaciones con Nicaragua cuando asuma el 7 de agosto, una medida que, aunque simbólica, refleja el creciente aislamiento del régimen.
México: la autodeterminación como excusa
La respuesta más reveladora vino de México. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser consultada sobre la reforma, respondió que «cada país tiene su autodeterminación y decide cómo se organiza». Una postura que, en el contexto de una dictadura que elimina la oposición, suena más a complicidad que a respeto. Mientras Ortega consolida su poder absoluto, México opta por el silencio diplomático, un gesto que no pasa desapercibido para quienes recuerdan la histórica solidaridad de la izquierda latinoamericana con las causas democráticas.
La represión en Nicaragua no es un dato menor. Tras las protestas de 2018, la represión dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales. Desde entonces, Ortega ha desmantelado cualquier atisbo de disidencia: ha encarcelado a opositores, cerrado medios de comunicación independientes y expulsado a organizaciones de derechos humanos. La reforma constitucional es solo el siguiente paso en un proceso que comenzó hace años, cuando el sandinismo dejó de ser un movimiento revolucionario para convertirse en una maquinaria de poder familiar.
¿Y la oposición?
La oposición en Nicaragua no existe como fuerza política real. Los partidos que podrían competir han sido ilegalizados, sus líderes están presos o en el exilio, y los que quedan han sido cooptados por el régimen. La reforma constitucional solo formaliza lo que ya es un hecho: en Nicaragua no habrá alternancia en el poder mientras Ortega y Murillo sigan vivos. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo más la comunidad internacional permitirá que esto ocurra sin tomar medidas que vayan más allá de las declaraciones.
Fuentes consultadas:
- Dw – Ortega busca ampliar mandato a 7 años y vetar a la oposición
- Eluniverso – Daniel Ortega busca ampliar mandato presidencial a 7 años en Nicaragua en reforma para excluir a oposición
