El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un decreto que reforma el Código Familiar del Estado y la Ley de las Personas Adultas Mayores para incorporar la definición jurídica de «Perspectiva de Persona Adulta Mayor», en apego a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sesión se llevó a cabo este martes 10 de noviembre de 2026.
¿Qué implica la nueva perspectiva?
La reforma establece que este concepto deberá aplicarse en dos ámbitos principales. El primero es el proceso de creación y dictaminación de leyes por parte del Congreso del Estado, así como en la planeación y diseño de políticas públicas a cargo del Poder Ejecutivo Estatal. El segundo se refiere a la resolución de controversias familiares.
En materia familiar, cuando intervenga una persona adulta mayor, la autoridad judicial estará obligada a juzgar con esta perspectiva. Esto significa adoptar un enfoque especializado, diferenciado, integral y transversal que considere el contexto particular de la persona y evite decisiones basadas en estereotipos asociados a la edad. Se reconoce que existen múltiples formas de envejecimiento determinadas por factores económicos, sociales, culturales, de género, salud y redes de apoyo.
La Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado de San Luis Potosí también incorpora la obligación de que las autoridades diseñen o apliquen políticas públicas con una metodología que identifique las condiciones particulares derivadas de la edad, el envejecimiento, la dependencia, la discapacidad, el género y el entorno social y económico, evitando que la edad sea motivo de discriminación.
Obligaciones para el Congreso y el Ejecutivo
El decreto precisa las responsabilidades de cada poder. Al Congreso del Estado le corresponde diseñar y dictaminar leyes, decretos y resoluciones que afecten directamente a este sector bajo la Perspectiva de Persona Adulta Mayor, con el fin de evitar barreras normativas u omisiones que obstaculicen el ejercicio de sus derechos.
Por su parte, el Ejecutivo del Estado deberá establecer e instrumentar, bajo esta misma perspectiva, los programas del Plan Estatal de Desarrollo relativos a la atención, desarrollo e inclusión de las personas adultas mayores.
La reforma dota de identidad jurídica al concepto y armoniza la legislación local con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende del boletín oficial.
Material complementario: el boletín no incluye enlaces adicionales.
