PAN pide desaparición de poderes en Sinaloa tras acusación de EU contra Rocha Moya

El oxígeno que la oposición necesitaba

Durante diez días, el PAN y el PRI navegaban en aguas turbias, acorralados por la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la supuesta colaboración del gobierno de Chihuahua con agentes de la CIA. Pero el miércoles 29 de abril, El País reportó que Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más de vínculos con el narcotráfico. La noticia cayó como un balde de agua fría en Morena y como oxígeno puro para una oposición que ya se ahogaba. De la noche a la mañana, el PAN pasó de ser el investigado a ser el investigador, y no perdió el tiempo: pidió la desaparición de poderes en Sinaloa, un mecanismo constitucional contemplado en el artículo 76 de la Constitución que permite al Senado nombrar un gobernador provisional cuando las instituciones han dejado de funcionar conforme a la Carta Magna.

La jugada es política, claro, pero también tiene un sustento jurídico que la oposición no había tenido hasta ahora. La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos no es un rumor ni una filtración: es una imputación formal que, según CNN Español, podría llevar a Rocha a enfrentar una pena que va de 40 años de prisión a la cadena perpetua si es hallado culpable. El documento detalla que Rocha presuntamente acudió a reuniones con líderes de Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, y que les prometió apoyo a cambio de respaldo político y financiero desde su candidatura. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo es posible que un gobernador en funciones sea acusado de narcotráfico por el país vecino y en México no pase nada?

“Lamento que la justicia tenga que venir de un extranjero y que la justicia no se haga en México. Este momento es muy importante para la historia de México. Empiezan a señalarse con nombre y apellido los mafiosos de Morena”, declaró la senadora panista Lilly Téllez, según el comunicado oficial del PAN en el Senado.

La acusación que lo cambia todo

El documento de la fiscalía estadounidense no se anda con rodeos. Según CNN Español, la acusación sostiene que «Rocha Moya ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa» y que, entre otras cosas, «ha permitido a los líderes de Los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público». En otras palabras, la acusación pinta un cuadro donde el gobernador no solo era cómplice, sino parte activa de una estructura criminal que protegía a uno de los cárteles más violentos del mundo. Esto no es un señalamiento menor: es una acusación formal que, de ser cierta, implicaría que el estado de Sinaloa ha sido gobernado por el narco durante los últimos años.

La respuesta de Rocha no se hizo esperar. En un mensaje publicado en X, el gobernador morenista rechazó categóricamente las imputaciones y las calificó como «un ataque» contra la Cuarta Transformación. «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno», dijo. El problema es que el discurso de la conspiración ya no pega tan fácil cuando la acusación viene con nombres, fechas y detalles que, según Diario de México, han transformado este caso de un escándalo político a una «crisis de Estado».

El PAN no pierde el tiempo

En el Senado, los panistas no dejaron pasar la oportunidad. Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, anunció que exigirán la presencia de Rocha Moya en la Comisión Permanente para que explique las acusaciones. «Queremos que haya claridad, que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Ese será un tema fundamental en la Comisión Permanente, y el PAN estará bien representado», declaró, según el comunicado oficial del PAN. La jugada es doble: por un lado, ponen a Rocha contra la pared; por el otro, buscan capitalizar políticamente el escándalo de cara a las elecciones de 2027.

Pero la petición de desaparición de poderes no es nueva. Desde febrero de 2025, el PAN ya había solicitado la intervención de la Corte Internacional de Justicia y la ONU por el «narcogobierno» en Sinaloa. Según MVS Noticias, el vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, advirtió que «el narcogobierno en esa entidad está cumpliendo cinco meses» y que la violencia se había desatado por el incumplimiento de los acuerdos que Rocha estableció con la criminalidad. En ese entonces, la petición sonó a exageración opositora. Hoy, con una acusación formal de Estados Unidos, suena más a profecía cumplida.

Lo que no se dice: la hipocresía de la 4T

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum han hecho del combate al narcotráfico una bandera política. «Abrazos, no balazos» fue el mantra que definió la estrategia de seguridad de la 4T. Pero cuando un gobernador de Morena es acusado formalmente de narcotráfico por Estados Unidos, la respuesta no es investigar, sino victimizarse. Rocha dice que es un ataque a la Cuarta Transformación, como si la acusación fuera un complot gringo contra el proyecto de nación. El problema es que la acusación no viene de un periódico opositor, sino del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene fiscales, testigos y, presuntamente, pruebas. Decir que es un ataque político sin presentar evidencia es, cuando menos, insultante para los sinaloenses que han vivido la violencia de Los Chapitos durante años.

La ironía es que la misma 4T que prometió acabar con la impunidad ahora defiende a un gobernador acusado de narcotráfico con el argumento de que es víctima de una conspiración. Y mientras tanto, el PAN, que no es precisamente un dechado de virtudes, se frota las manos y pide la desaparición de poderes. La pregunta que debería incomodar a todos es: ¿qué sigue? Si la acusación es cierta, Sinaloa ha sido gobernado por el narco durante años, y eso no es un problema del PAN o de Morena, es un problema de México. Si la acusación es falsa, entonces el gobierno mexicano debería estar presentando pruebas para desmentirla, no refugiándose en el discurso de la conspiración. Pero mientras tanto, el Senado tiene en sus manos la posibilidad de activar el artículo 76 de la Constitución y demostrar que, al menos en esta ocasión, las instituciones funcionan. O no. Porque, como dice el refrán, entre el dicho y el hecho, hay mucho trecho.

Fuentes consultadas:

• Elpais – El PAN pide la “desaparición de poderes” en Sinaloa por la acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra Rubén Rocha | EL PAÍS México
• Diariodemexico – Pide el PAN al Senado disolver poderes en Sinaloa tras imputaciones contra Rocha Moya
• Pan Senado Gob – Anuncia GPPAN que exigirán la presencia de gobernador Rocha Moya en la Comisión Permanente
• Cnnespanol Cnn – Estados Unidos acusa al gobernador de Sinaloa de narcotráfico y posesión de armas
• Mvsnoticias – PAN pide que la Corte Internacional de Justicia intervenga por narcogobierno en Sinaloa | MVS Noticias