Lo que debes de saber
- El gobernador Ricardo Gallardo entregó 372 preliberaciones en el CERESO La Pila, sumando 514 beneficiados en tres años.
- El director de la Defensoría Pública, Jaime Arturo Gutiérrez, aseguró que ninguno de los preliberados ha reincidido.
- Un exfuncionario del DIF estatal, sentenciado por pederastia, accedió a una preliberación, lo que genera controversia.
- El programa se basa en los cinco ejes de reinserción y la revisión de expedientes, pero el caso del exfuncionario del DIF pone en duda los criterios de selección.

La foto del año: 372 personas salen de La Pila
El pasado 24 de abril, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, encabezó un evento en la plaza cívica del Centro de Reinserción Social La Pila donde entregó 372 preliberaciones a personas privadas de su libertad. Según reportó Sanluispotosi Quadratin, el mandatario estatal destacó que su gobierno «ofrece oportunidades y no excluye a quienes buscan una segunda oportunidad». La cifra es impresionante: en tres años, el programa ha beneficiado a 514 hombres y mujeres, de acuerdo con News Report MX. Pero la pregunta que flota en el aire es: ¿a quiénes exactamente se les está dando esa segunda oportunidad?

El dato que incomoda: un pederasta entre los beneficiados
Mientras Gallardo posaba para las fotos presumiendo su política de reinserción, El Universal San Luis revelaba un caso que pone en entredicho todo el discurso: un exfuncionario del DIF estatal, sentenciado por pederastia, accedió a una preliberación. El dato no es menor. El DIF es la institución encargada de proteger a la infancia, y que uno de sus exintegrantes, condenado precisamente por delitos contra menores, haya obtenido el beneficio de salir antes de cumplir su condena, levanta cejas y estómagos. ¿Cómo es posible que en la revisión de expedientes, que según el gobierno incluye «los cinco ejes de reinserción», no se haya considerado la naturaleza del delito como un factor de riesgo?
El discurso de la reinserción vs. la realidad de los expedientes
El director de la Defensoría Pública del Estado, Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, declaró a El Sol de San Luis que «de los primeros 150 y de los 50 del segundo año hasta ahorita ninguno ha reincidido, no han vuelto a caer, no han regresado a la cárcel y eso nos da mucho gusto». Esa estadística es, sin duda, un logro. Pero la reincidencia no es el único indicador de éxito en un programa de preliberaciones. La seguridad de las víctimas y la sociedad también importan. Y cuando el beneficiario es un sentenciado por pederastia, la pregunta no es si volverá a delinquir, sino si su sola presencia en la calle representa un riesgo para quienes lo rodean, especialmente para menores de edad.
«Estamos armando un proyecto para darles a todos información detallada de cómo pueden obtener el beneficio y de los trámites que deben realizar, la gran mayoría quiere otra oportunidad, quieren salir de prisión, encontrar un trabajo y reestructurar su vida» — Jaime Arturo Gutiérrez Barrios, director de la Defensoría Pública, citado por El Sol de San Luis.
La declaración es loable, pero el contexto la vuelve amarga. ¿A quién se le ocurre que un pederasta «reestructure su vida» en la misma calle donde viven sus víctimas? El programa de preliberaciones, que en teoría busca descongestionar el sistema penitenciario y dar una oportunidad a quienes cometieron delitos menores o de bajo impacto, parece estar operando con un filtro demasiado amplio. La Wikipedia registra que en las elecciones de 2015, el PRI ganó la gubernatura con Juan Manuel Carreras, y que la participación ciudadana fue del 56.88%. Hoy, con Gallardo, la política de reinserción se ha convertido en un estandarte, pero la falta de transparencia sobre los criterios de selección amenaza con convertirla en un arma de doble filo.

¿Qué sigue para los 372 preliberados?
El gobierno estatal ha prometido que los beneficiados serán acompañados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) y el Instituto Temazcalli para garantizar su reinserción laboral y social. Todo suena muy bonito en el papel. Pero la realidad es que, sin un seguimiento riguroso y sin mecanismos claros para proteger a las víctimas, estas preliberaciones corren el riesgo de convertirse en un gesto populista más que en una política pública efectiva. El caso del exfuncionario del DIF no es un error aislado: es una advertencia de que el sistema está fallando en su deber de priorizar la seguridad de la sociedad sobre la imagen del gobernante.
La próxima vez que Gallardo organice un evento de estos, sería bueno que, además de contar cuántos salen, explique con nombres y apellidos quiénes son y por qué merecen salir. Mientras tanto, los potosinos nos quedamos con la duda: ¿cuántos de esos 372 beneficiados cometieron delitos sexuales? Y más importante aún: ¿alguien está velando por las víctimas?
Fuentes consultadas:
- Sanluispotosi Quadratin – Entrega Ricardo Gallardo 372 preliberaciones en La Pila
- Es Wikipedia – Elecciones estatales de San Luis Potosí de 2015
- Newsreportmx – Gobernador de San Luis Potosí entrega preliberaciones a personas privadas de su libertad
- Sanluis Eluniversal – Exfuncionario del DIF San Luis, sentenciado por pederastia, accede a una preliberación
- Oem – Personas que obtuvieron su preliberación no han reincidido en delitos


