Para fortalecer el derecho a la protección de la salud mediante un enfoque diferenciado, con perspectiva de género e interculturalidad, la diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.
Armonización con la Ley General de Salud
La legisladora explicó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con las modificaciones realizadas a la Ley General de Salud, contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026.
Puntualizó que la iniciativa plantea reformas a diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, así como la incorporación de nuevos preceptos orientados a fortalecer la atención integral de la población y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud con un enfoque de derechos humanos.
Principales aspectos de la propuesta
Entre los principales aspectos de la propuesta destaca el establecimiento de políticas públicas para garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, con el objetivo de combatir la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria.
Asimismo, propone diseñar e implementar acciones encaminadas a proteger de manera permanente al personal de salud, atendiendo sus necesidades físicas, materiales y psicológicas, bajo los principios de derechos humanos y pro persona.
La diputada Vancini Villanueva señala que la iniciativa también contempla promover el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para la detección, atención y prevención de las violencias contra las mujeres, garantizando su aplicación en los servicios de salud.
Otro de los planteamientos establece que los servicios públicos de salud deberán brindarse a todas las personas que se encuentren en el país y los requieran, bajo los principios de universalidad, igualdad sustantiva, inclusión y gratuidad al momento de recibir atención médica, medicamentos e insumos asociados.
Además, se propone que las cuotas de recuperación, cuando existan, se rijan por criterios de solidaridad social y la capacidad económica de las personas usuarias, previendo la exención de pago para quienes carezcan de recursos o habiten en zonas de menor desarrollo económico y social, con énfasis en mujeres, adolescentes, niñas y niños en situación de pobreza.
Salud sexual, reproductiva y mental
En materia de salud sexual y reproductiva, la iniciativa impulsa el desarrollo de programas de comunicación educativa sobre planificación familiar y educación sexual, conforme a las estrategias del Consejo Nacional de Población. También plantea que la Secretaría de Salud fortalezca acciones de educación sexual, planificación familiar y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente entre la población adolescente, con el propósito de prevenir el embarazo en este sector.
En materia de salud mental, la propuesta establece que la Secretaría de Salud del Estado y las instituciones del sector deberán privilegiar un modelo de atención comunitaria, integral, interdisciplinaria, intercultural, participativa, intersectorial, libre de violencias y con perspectivas de género y de derechos humanos, desde el primer nivel de atención y en los hospitales generales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social; así como de Igualdad de Género, para su análisis.
