Lo que debes de saber
- Un derechohabiente amenazó de muerte a una asistente médica en la UMF No. 7 del IMSS en San Luis Potosí.
- El hombre gritó: «te meto en una pinche bolsa de basura y te mato» y arrojó un teclado contra la empleada.
- El IMSS activó protocolos de atención y seguridad, pero no se ha confirmado si la trabajadora presentó denuncia.
- El delito de amenazas en SLP se castiga con 6 meses a 2 años de prisión, según el Artículo 147 del Código Penal.

La violencia que no cabe en una bolsa de basura
El pasado 17 de mayo, en la Unidad de Medicina Familiar No. 7 del IMSS en San Luis Potosí, un hombre de entre 40 y 50 años decidió que la mejor manera de resolver una queja por el servicio era amenazar de muerte a una trabajadora. Según Infobae, el sujeto gritó: «La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..», mientras arrojaba un teclado contra la empleada. La escena, grabada por otros trabajadores y viralizada en redes sociales, muestra a la asistente médica en silencio, soportando la agresión mientras el resto de la sala de espera observa impávida.
“La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal, te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, pende..” — gritó el agresor, según Infobae.
El Quadratín San Luis Potosí reportó que el incidente ocurrió después de que la asistente médica atendiera y registrara el ingreso de la esposa del agresor. El hombre, inconforme con el servicio, pasó de la queja a la amenaza en cuestión de segundos. Lo que debió ser una conversación sobre tiempos de espera o procedimientos administrativos se convirtió en un acto de violencia que expone la fragilidad de la seguridad laboral en el sistema de salud mexicano.

Protocolos que no detienen a nadie
El IMSS en San Luis Potosí emitió un comunicado condenando el acto y asegurando que se activaron «de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad para salvaguardar a la trabajadora involucrada». MiMorelia detalla que la trabajadora recibió acompañamiento y orientación por parte de las áreas correspondientes. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad local ha confirmado si la empleada presentó una denuncia formal contra su agresor. Tampoco hay información sobre si el hombre fue detenido o identificado.
El Artículo 147 del Código Penal de San Luis Potosí establece que el delito de amenazas se castiga con una pena de 6 meses a 2 años de prisión y una sanción pecuniaria. Pero sin denuncia, ese artículo es letra muerta. La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué una trabajadora que fue agredida verbal y físicamente, en un lugar público, con testigos y video, no ha presentado cargos? Las razones pueden ser múltiples: miedo a represalias, desconfianza en el sistema de justicia, o simplemente la fatiga de un sistema que normaliza la violencia contra el personal de salud.
El patrón que no queremos ver
Este no es un caso aislado. Las agresiones a personal médico y administrativo en México son pan de cada día. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en 2024 se registraron más de 1,200 agresiones a trabajadores de la salud en el país, un incremento del 15% respecto al año anterior. El IMSS, con su saturación de servicios y largas esperas, se convierte en un caldo de cultivo para la frustración de los derechohabientes. Pero la frustración no justifica la violencia, y mucho menos cuando se dirige contra quienes están ahí para ayudar.
El video viral, difundido por Quadratín y replicado en redes, muestra a la trabajadora en una posición vulnerable, sin ningún tipo de protección física o barrera que la separe del agresor. La pregunta es obvia: ¿qué medidas de seguridad existen realmente en las clínicas del IMSS? ¿Botones de pánico? ¿Vigilancia? ¿Protocolos de desescalada? El comunicado del instituto habla de «protocolos de atención y seguridad», pero la evidencia sugiere que estos protocolos no evitaron la agresión ni garantizaron la detención del agresor.

El silencio que incomoda
Lo más llamativo de este caso no es solo la violencia del agresor, sino el silencio de la víctima y la parsimonia de las autoridades. La trabajadora, según los reportes, permaneció en silencio durante la agresión. Un silencio que habla de miedo, de resignación, de la certeza de que denunciar puede ser más costoso que callar. Y las autoridades, por su parte, se limitaron a emitir un comunicado de condena, sin informar sobre acciones concretas para localizar al agresor o prevenir futuros incidentes.
El IMSS tiene la oportunidad de convertir este incidente en un punto de inflexión. Podría implementar medidas reales de seguridad, como la instalación de barreras físicas en las áreas de atención, la capacitación del personal en manejo de conflictos, y la creación de un protocolo claro para la presentación de denuncias. Pero hasta ahora, lo único que ha hecho es activar «protocolos» que no se ven por ningún lado. Mientras tanto, la trabajadora agredida sigue en su puesto, probablemente con el mismo miedo que tenía antes de que el video se volviera viral.
El caso de la UMF No. 7 es un espejo incómodo de lo que ocurre en miles de clínicas del país cada día. La violencia contra el personal de salud no es un accidente, es un síntoma de un sistema quebrado donde la frustración de los usuarios se descarga sobre los trabajadores, y donde las autoridades responden con comunicados en lugar de acciones. La próxima vez que alguien se queje del servicio, que recuerde que hay formas de hacerlo sin amenazar con meter a alguien en una bolsa de basura. Y que las autoridades, de una vez, tomen cartas en el asunto antes de que el próximo video viral muestre algo peor.


