De Yarrington a Rocha Moya: 60 años de gobernadores señalados por nexos con el narco

La acusación de EU contra el gobernador de Sinaloa revive un patrón de décadas: políticos que presuntamente protegieron

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Lo que debes de saber

  • EU acusó a Rubén Rocha Moya de colaborar con Los Chapitos, siendo el primer gobernador en funciones señalado.
  • El patrón de gobernadores vinculados al narco data de los años 60, según especialistas.
  • Tomás Yarrington, Mario Villanueva y Genaro García Luna son casos emblemáticos de condenas en EU.
  • La impunidad en México ha sido la constante: pocos procesados y menos castigados.
  • El caso Rocha Moya expone la fragilidad del sistema político mexicano ante el crimen organizado.
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Tomado de: Elceo

El patrón que no se rompe

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, no es un hecho aislado. Es el eslabón más reciente de una cadena que, según El CEO, se remonta al menos seis décadas. Desde los años 60, los grupos criminales han buscado cooptar a políticos locales y estatales para asegurar su control territorial. La novedad aquí no es la acusación, sino que el señalado siga en el cargo mientras enfrenta cargos en el extranjero.

El especialista en seguridad Víctor Sánchez Valdés, citado por el mismo medio, lo explica sin rodeos: «No se hacían investigaciones, no se procesaba y mucho menos se castigaba». Esa frase resume la impunidad que ha permitido que el fenómeno se repita una y otra vez, sin importar el partido en el poder. Morena, PRI, PAN —todos han tenido sus casos.

«Lo que hacen estas organizaciones criminales es amenazar o cooptar a políticos: presidentes municipales, directores de policía, secretarios de seguridad y gobernadores.» — Víctor Sánchez Valdés, citado por El CEO.

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Tomado de: Mvsnoticias

Los que ya pagaron (y los que no)

La lista de exgobernadores que han enfrentado la justicia estadounidense es larga. Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, fue sentenciado en Texas por recibir sobornos del Cártel del Golfo y Los Zetas. Mario Villanueva, de Quintana Roo, pasó años en prisión por facilitar el tránsito de drogas. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, cumple 38 años en el «Alcatraz de las Rocosas» por proteger al Cártel de Sinaloa, según documenta Infobae.

Pero el patrón no se limita a los que ya fueron condenados. Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, está prófugo y es buscado por Interpol por presuntos vínculos con el CJNG y un desfalco de más de 3 mil 500 millones de pesos, según Nación321. La pregunta incómoda: ¿cuántos más están en la misma situación y simplemente no han sido descubiertos?

El caso Rocha Moya: la excepción que confirma la regla

Lo que hace único el caso de Rubén Rocha Moya es que es el primer gobernador en funciones acusado formalmente por Estados Unidos. Vanguardia señala que antes, todos los demás ya se habían separado del cargo cuando llegaron las acusaciones. Esto habla de un cambio en la estrategia de la justicia estadounidense, que ahora apunta directamente a quienes están en el poder, no solo a los que ya se fueron.

La acusación detalla que Los Chapitos habrían apoyado la campaña de Rocha Moya en 2021 a cambio de protección y facilidades para el tráfico de drogas. El gobernador, por supuesto, lo niega todo y habla de «calumnias». Pero el dato está sobre la mesa, y la pregunta que flota en el aire es: ¿qué tan profunda es la infiltración del narco en los gobiernos estatales?

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Tomado de: Nacion321

60 años y contando

El investigador Sánchez Valdés lo dijo claro: conforme las organizaciones criminales ganan poder territorial, el salto hacia los gobernadores se vuelve más sencillo. Y si miramos los últimos 60 años, el salto no solo fue sencillo: fue sistemático. MVS Noticias lo describe como una «infiltración sistemática de los cárteles en las estructuras estatales para garantizar impunidad y financiamiento ilícito». No es casualidad, es método.

El problema no es solo que haya gobernadores señalados. El problema es que el sistema político mexicano ha sido incapaz de prevenir estos vínculos, y cuando se descubren, la justicia tarda años —o décadas— en llegar. Mientras tanto, los cárteles siguen operando, y los políticos, en muchos casos, siguen en sus cargos.

La acusación contra Rocha Moya es un recordatorio de que el problema no es nuevo, pero tampoco ha sido resuelto. Y mientras no haya consecuencias reales para quienes usan el poder para proteger al crimen, la historia seguirá repitiéndose. La pregunta es: ¿cuántos gobernadores más necesitan ser acusados para que algo cambie de verdad?


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