Rocha Moya acusado en EU: la red de protección al Cártel de Sinaloa

El día que la DEA le puso nombre y apellido al gobernador

El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal que sacudió los cimientos de la relación bilateral: el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios fueron señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Según El Economista, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalla que los acusados integraron una red de corrupción para favorecer al Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional. No es una acusación menor: los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras, con penas mínimas de 40 años y posibilidad de cadena perpetua.

La lista de implicados lee como un directorio del poder morenista en Sinaloa: el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra, y exmandos policiacos como el exsecretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez. El País reporta que el excomandante Juan Valenzuela Milán enfrenta cargos adicionales por participar en el secuestro y homicidio de una fuente de la DEA y un familiar. La acusación no solo apunta a la cúpula política, sino que teje una narrativa de complicidad que abarca desde la fiscalía estatal hasta la policía municipal.

«La acusación sostiene que el grupo criminal pudo exportar ‘cantidades masivas’ de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina gracias a la presunta colaboración de funcionarios que filtraban operativos, protegían rutas y permitían la operación del cártel sin consecuencias legales.» — El Economista

El origen electoral: cuando Los Chapitos hicieron campaña

Uno de los puntos más explosivos del expediente judicial es el origen de esta presunta alianza. La Silla Rota detalla que la investigación ubica el inicio de la relación durante el proceso electoral de 2021, cuando —según la acusación— integrantes de Los Chapitos intervinieron para favorecer la victoria de Rocha Moya mediante intimidación, robo de urnas y privación de la libertad de operadores políticos rivales. El entonces candidato opositor, Mario Zamora Gastélum, denunció decenas de incidentes durante la jornada electoral, pero en su momento fueron minimizados como «quejas de perdedor». Hoy, esos hechos adquieren una dimensión distinta cuando la fiscalía neoyorquina los presenta como parte de una estrategia criminal para colocar a un gobernador afín.

La acusación no solo habla de protección y sobornos, sino de una estructura que operaba con la normalidad de una dependencia gubernamental: filtraciones de operativos, liberación de detenidos vinculados al crimen organizado y una red de pagos mensuales a funcionarios. The New York Times reporta que el caso se radicó en una corte de Nueva York bajo la supervisión de una jueza federal, lo que implica que las autoridades estadounidenses ya cuentan con evidencia que consideran suficiente para solicitar extradiciones. La pregunta incómoda es: ¿cómo es posible que un gobernador en funciones, un senador y un alcalde hayan operado durante años bajo el radar de las autoridades mexicanas?

La respuesta de la 4T: «sin sustento» y sin pruebas

La reacción del gobierno mexicano fue inmediata y predecible. La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde asegura que Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición, pero que no ha enviado «elementos de prueba» de la culpabilidad de los acusados. El País señala que la SRE calificó los señalamientos como «sin sustento», mientras Rocha Moya defendió su inocencia y aseguró que la acusación es un ataque a la Cuarta Transformación. La narrativa oficial busca presentar el caso como una agresión externa, pero el expediente judicial de 40 páginas —firmado por el fiscal Jay Clayton y el director de la DEA Terrance C. Cole— contiene nombres, fechas y descripciones de operaciones que difícilmente pueden desestimarse como meras invenciones.

El contraste es brutal: mientras el gobierno mexicano exige pruebas, la fiscalía neoyorquina ya presentó una acusación formal que será revisada por un juez. La solicitud de extradición ahora está en manos de la Fiscalía General de la República, que deberá determinar si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano. Pero el verdadero problema no es jurídico, es político: si la acusación resulta cierta, estaríamos ante la confirmación de que el Cártel de Sinaloa logró infiltrar el gobierno estatal a nivel de gobernador, senador y alcalde. Si es falsa, Estados Unidos acaba de dar un golpe diplomático sin precedentes al acusar a un gobernador en funciones sin pruebas sólidas. En ambos escenarios, la relación bilateral entra en terreno pantanoso.

El caso Rocha Moya no es solo una noticia más de narcopolítica. Es la prueba de que la línea entre el Estado y el crimen organizado en México es más delgada de lo que cualquier gobierno quiere admitir. Mientras la 4T pide pruebas, en Nueva York ya tienen un expediente. Y en Sinaloa, el gobernador sigue en su cargo, como si nada hubiera pasado.

Fuentes consultadas:

• Eleconomista – Qué sabemos del caso Rocha Moya: acusaciones, investigación y tensiones con EU
• Elpais – Estados Unidos acusa al gobernador Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico | EL PAÍS México
• Lasillarota – Cronología del caso Rocha Moya: de la elección a la acusación de EU y pedir licencia | La Silla Rota
• Nytimes –