Polígrafo a candidatos en SLP: ¿blindaje o cortina de humo?

La propuesta de control de confianza para aspirantes a cargos públicos en San Luis Potosí genera dudas sobre su aplicaci

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Lo que debes de saber

  • Diputados del PVEM y PRI proponen exámenes de control de confianza para candidatos en SLP rumbo a 2027.
  • La iniciativa incluye polígrafo, pruebas toxicológicas y revisión patrimonial para blindar elecciones.
  • La diputada Frinné Azuara advierte sobre el riesgo de uso político discrecional de los filtros.
  • El gobernador Ricardo Gallardo respalda la idea y sugiere que la FGR aplique los exámenes a nivel federal.
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Tomado de: Planoinformativo

Una idea que suena bien, pero huele raro

Que en San Luis Potosí quieran someter a los candidatos a cargos públicos a exámenes de control de confianza suena, en teoría, a música para los oídos de cualquier ciudadano harto de la corrupción y la infiltración del crimen organizado en la política. La propuesta del diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del PVEM en el Congreso local, plantea que ningún aspirante a un puesto de elección popular pueda esquivar el polígrafo, las pruebas toxicológicas y una revisión patrimonial a fondo. Planoinformativo reporta que la iniciativa busca reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley Electoral del Estado y la Ley de Control de Confianza, con la meta explícita de impedir que el crimen organizado acceda al poder mediante candidaturas. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya le dio el visto bueno, según Sanluis Eluniversal, y hasta sugirió que la Fiscalía General de la República aplique estos filtros a nivel federal. Todo suena muy bonito, pero como siempre en la política mexicana, el diablo está en los detalles.

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Tomado de: Sanluis Eluniversal

El nerviosismo que nadie quiere admitir

El propio diputado Serrano, en un intento por desactivar las alarmas, pidió que «nadie se ponga nervioso» y aseguró que quienes llevan una vida sin involucramiento ilícito no tendrán problemas. La comparación con los deudores alimentarios —que ya están impedidos para participar en elecciones— es inevitable, y el legislador lo sabe: «fue un tema que en su momento causó escozor», dijo, como si eso justificara la medida. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire es si este tipo de filtros realmente funcionan o si solo son un performance político para aparentar que se hace algo contra la corrupción. En un país donde los exámenes de control de confianza a policías han sido un verdadero desastre —con miles de elementos reprobados que luego son readmitidos por «necesidad del servicio»—, la idea de aplicarlos a políticos suena más a un acto de fe que a una solución real.

«Algo tenemos que empezar a hacer en este país para que los grupos criminales ya no participen en las elecciones» — Frinné Azuara Yarzábal, diputada priista.

El riesgo del dedazo institucionalizado

La diputada priista Frinné Azuara Yarzábal fue la única que, al menos públicamente, señaló la principal debilidad de la propuesta: el riesgo de que estos filtros se utilicen de forma discrecional contra adversarios políticos. Su advertencia no es menor. En un estado donde el partido en el poder tiene control sobre las instituciones, ¿quién garantiza que el polígrafo no se convierta en un arma para eliminar a competidores incómodos? La propia Azuara, citada por Planoinformativo, insiste en que la propuesta debe revisarse a detalle para evitar afectaciones a los derechos políticos de los ciudadanos. Pero en un contexto de violencia e infiltración criminal, como ella misma reconoce, la urgencia por actuar puede llevar a aprobar medidas que, en lugar de blindar las elecciones, terminen por apuntalar el control político de quienes ya están en el poder.

¿Y los que ya están adentro?

Aquí viene el punto más incómodo de toda esta historia. La propuesta de Serrano se enfoca exclusivamente en los candidatos que busquen un cargo público en las elecciones de 2027. Pero, ¿qué pasa con los que ya están en el poder? ¿Con los diputados, alcaldes, regidores y el propio gobernador que hoy ocupan sus cargos sin haber pasado por ningún filtro de confianza? La iniciativa, tal como está planteada, parece un intento de lavarse la cara hacia el futuro sin tocar el presente. Es como si un médico le recetara una dieta estricta a un paciente con obesidad mórbida, pero solo a partir del próximo año, mientras que hoy puede seguir comiendo lo que quiera. La contradicción es evidente y, para muchos, huele a estrategia política más que a una genuina preocupación por la infiltración criminal.

El contexto que no se puede ignorar

San Luis Potosí no es un estado ajeno a la violencia política. En los últimos años, varios municipios han sido escenario de enfrentamientos entre grupos criminales, y la sombra del narco ha tocado las puertas de varios ayuntamientos. En ese sentido, cualquier medida que busque evitar que el crimen organizado se cuele en las boletas electorales es, en principio, bienvenida. Pero la historia reciente de México está llena de ejemplos donde los filtros de control de confianza han sido más un requisito burocrático que una barrera real. Los casos de policías que pasan el examen y luego son detenidos por colaborar con el crimen son incontables. Si ni siquiera funciona con los cuerpos de seguridad, ¿por qué habría de funcionar con los políticos? La respuesta, probablemente, es que no funcionará, pero al menos servirá para que los partidos digan que «algo están haciendo».

La certificación voluntaria: el talón de Aquiles

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es que el diputado Serrano sugirió que la certificación debería ser voluntaria y no obligatoria. Esto, en los hechos, vacía de contenido toda la iniciativa. Si el examen es voluntario, ¿qué candidato con algo que ocultar se sometería a él? Y si es obligatorio, ¿cómo se garantiza que no sea utilizado como un instrumento de persecución política? La diputada Azuara tiene razón al señalar que el diablo está en los detalles, y este detalle en particular podría convertir una medida que suena a blindaje en un simple gesto simbólico. Porque, seamos honestos, si la propuesta realmente quisiera ser efectiva, debería ser obligatoria para todos, empezando por los que ya están en el poder. Pero eso, claro, sería pedirle peras al olmo.

Al final, lo que queda es la sensación de que en San Luis Potosí están más preocupados por parecer que hacen algo que por hacerlo realmente. La propuesta de control de confianza para candidatos es, sin duda, un paso en la dirección correcta, pero si no se aplica con seriedad, con obligatoriedad y con mecanismos que impidan su uso político, no será más que otro capítulo en la larga historia de la simulación política mexicana. Y mientras tanto, el crimen organizado seguirá buscando la manera de colarse en las boletas, porque si algo sabe hacer bien, es aprovechar las grietas de un sistema que siempre termina por encontrar la manera de no cerrarlas del todo.


Fuentes consultadas:

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  • Entre Líneas

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