Lo que debes de saber
- El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de asociarse con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- Entre los acusados están el senador Enrique Inzunza Cázarez, el exalcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y varios exmandos policiacos, todos señalados de proteger a Los Chapitos.
- La acusación detalla que los funcionarios entregaban información confidencial al cártel y ordenaban a policías estatales y municipales resguardar cargamentos de droga.
- Rocha Moya rechazó las imputaciones en un mensaje en X, calificándolas de «carentes de veracidad», mientras la FGR revisa una petición de detención con fines de extradición.

La acusación que sacude Sinaloa
El 29 de abril de 2026 el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas. Según BBC News Mundo, la acusación fue presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y asignada a la jueza Katherine Polk Failla. El fiscal federal Jay Clayton declaró que «el Cartel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas», y agregó que «no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios de las fuerzas del orden corruptos a sueldo». La lista de acusados incluye al senador Enrique Inzunza Cázarez, al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, y a varios exmandos policiacos, entre ellos Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», quien además es señalado por su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de esa fuente, que resultaron en sus muertes.

Los cargos: fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina
La acusación detalla que Rocha Moya y los otros funcionarios participaron en una conspiración «corrupta y violenta» con el Cártel de Sinaloa para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Según El Financiero, los acusados protegieron a líderes del cártel de ser investigados, arrestados y enjuiciados, y presuntamente entregaron información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas. Además, ordenaron a policías estatales y municipales que protegieran los cargamentos de drogas almacenados en México y trasladados a Estados Unidos. La Jornada reporta que la acusación vincula a Rocha Moya directamente con «Los Chapitos», la facción del Cártel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
«Se les acusa de haberse asociado con el Cartel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos», informó el Departamento de Justicia en un comunicado citado por Teletica.

La respuesta de Rocha Moya y la FGR
Horas después de conocerse la acusación, Rocha Moya escribió en su cuenta de X: «Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno». La Fiscalía General de la República (FGR) informó que revisará una petición de detención con fines de extradición que recibió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El País señala que el caso se suma a una larga lista de acusaciones contra políticos mexicanos por vínculos con el narcotráfico, pero esta vez el foco está en un gobernador en funciones de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo que no se dice: el contexto político
La acusación contra Rocha Moya no es un hecho aislado. Ocurre en un momento en que el gobierno de Estados Unidos ha designado al Cártel de Sinaloa como grupo terrorista, y la relación bilateral en materia de seguridad es más tensa que nunca. El gobernador de Sinaloa, de 76 años, fue electo en 2021 y termina su mandato en 2027. Su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y con la presidenta Sheinbaum lo convierte en un caso políticamente sensible. La acusación incluye a un senador en funciones, lo que implica que el Congreso de la Unión deberá decidir si le retira el fuero. Mientras tanto, en Sinaloa, la violencia no da tregua: el estado ha sido escenario de enfrentamientos entre facciones del cártel y de una crisis de desapariciones que las autoridades locales no han logrado contener.
¿Qué sigue para Rocha Moya?
El camino legal es incierto. La FGR podría solicitar la detención provisional del gobernador para iniciar un proceso de extradición, pero también podría negarse si considera que la acusación carece de sustento. Rocha Moya ha dicho que se defenderá, pero la acusación estadounidense incluye cargos graves que podrían llevarlo a prisión en Estados Unidos si es extraditado y hallado culpable. Mientras tanto, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos políticos más están en la misma situación? La acusación contra Rocha Moya es un recordatorio de que la impunidad en México tiene límites, pero también de que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo, en muchos sentidos, una guerra contra los propios gobiernos que deberían combatirlo.


