Lo que debes de saber
- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por EEUU de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
- La acusación incluye a 9 funcionarios más, entre ellos policías estatales y municipales, que habrían protegido cargamentos y proporcionado información confidencial.
- Este caso se suma a una larga lista de funcionarios mexicanos señalados por la justicia estadounidense, como Genaro García Luna y Edgar Veytia.
- La administración de Trump ya había comenzado a imponer restricciones de visa a políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narco, según El País.
La acusación que sacude Sinaloa
El Infobae reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios más por delitos de narcotráfico y armas ligados al Cártel de Sinaloa. La acusación, presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, señala que los funcionarios participaron en una conspiración corrupta y violenta para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. El embajador Ronald Johnson declaró que «es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen». La noticia no solo golpea al gobierno estatal, sino que revela una red de protección que operaba desde las más altas esferas del poder en Sinaloa.
La red de protección: policías, información y sobornos
Según la acusación, los funcionarios no solo protegían a los líderes del cártel, sino que también proporcionaban información confidencial de las fuerzas del orden y del Ejército Mexicano a los miembros de la organización criminal. Infobae detalla que «ordenaron a miembros de agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia Estados Unidos». A cambio, recibieron miles de dólares. Este modus operandi no es nuevo: en 2020, The Epoch Times reportó que dos exaltos funcionarios de seguridad pública, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, fueron acusados en Nueva York por conspirar para traficar cocaína con el Cártel de Sinaloa, junto con su entonces jefe, Genaro García Luna. La historia se repite, pero ahora el foco está en un gobernador en funciones.
«Como se alega, durante cerca de dos décadas, García Luna traicionó su juramento aceptando sobornos de miembros del cartel de Sinaloa para facilitar sus crímenes y empoderar esa empresa criminal», dijo el fiscal federal Seth DuCharme en 2020, según The Epoch Times.
Un patrón que no cesa: de García Luna a Rocha Moya
La acusación contra Rocha Moya no es un caso aislado. Univision documentó una larga lista de funcionarios mexicanos de alto nivel que han sido sentados en el banquillo de los acusados en Estados Unidos. Desde Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, hasta Edgar Veytia, alias «El Diablo», exfiscal de Nayarit, condenado a 20 años de prisión por recibir sobornos de cinco carteles. La justicia estadounidense ha construido un expediente que muestra cómo el narcotráfico ha permeado las instituciones mexicanas durante décadas. La pregunta incómoda es: ¿cuántos más faltan por ser descubiertos?
La presión de Washington se intensifica
La administración de Donald Trump ya había comenzado a tomar medidas contra políticos mexicanos. El País reportó que el gobierno estadounidense prepara una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narco. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya confirmó que a ella y a su esposo se les revocaron las visas. La lista incluye a líderes de Morena, gobernadores y políticos cercanos a López Obrador. La acusación contra Rocha Moya es la pieza más reciente de un rompecabezas que evidencia la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado.
¿Qué sigue para México?
La acusación de Estados Unidos no solo pone en jaque al gobierno de Sinaloa, sino que también plantea preguntas incómodas sobre la capacidad del gobierno federal para investigar y sancionar a sus propios funcionarios. Mientras Washington actúa con contundencia, en México las investigaciones suelen avanzar con lentitud o quedar en el olvido. La historia de Genaro García Luna es un ejemplo: fue arrestado en Texas en 2019, pero su caso tardó años en llegar a juicio. Ahora, con Rocha Moya, la pregunta es si el gobierno de Claudia Sheinbaum tomará medidas o esperará a que la justicia estadounidense haga el trabajo sucio. Lo cierto es que la impunidad en México tiene un costo que trasciende fronteras.
Fuentes consultadas:
- Infobae – Estados Unidos investiga a Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa – Infobae
- Es Theepochtimes – EE.UU. acusa de narcotráfico a otros dos antiguos altos funcionarios mexicanos
- Univision – De ‘El Diablo’ a Genaro García Luna: 10 funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico y corrupción en EEUU
- Elpais – Estados Unidos prepara una lista de políticos mexicanos sujetos a restricciones de visa por presuntos vínculos con el narco
