El Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el Decreto que reforma el artículo 135 del Código Penal del Estado, en el que se tipifica el delito de feminicidio, con el objetivo de incorporar características que faciliten la investigación adecuada de estos crímenes, eviten la impunidad y garanticen a las víctimas el acceso a la justicia.
Ampliación de ámbitos de violencia y relaciones interpersonales
El dictamen presentado por la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez, establece la ampliación de los ámbitos de violencia previa y de las relaciones interpersonales que facilita la acreditación probatoria del elemento “razones de género”, sin alterar la penalidad ni crear un tipo penal abierto o indeterminado que vulnere el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.
La reforma incorpora características para considerar que existen razones de género, entre ellas: que haya existido una relación de subordinación institucional, laboral, docente o religiosa, o de servicio, o cualquier otra que implique, de manera formal o de hecho, una relación de subordinación o superioridad.
También se considera que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión o desprotección real, causado por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, voluntaria o involuntaria, o por dificultad de comunicación para recibir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por existir algún impedimento físico o material para solicitarlo, o cualquier otra condición que inhibiera su capacidad de defensa.
Además, se establece que la víctima haya sido reportada como desaparecida u objeto de búsqueda por sus familiares, por particulares o por autoridades, previamente a la localización de su cuerpo o restos, o que el cuerpo o los restos de la víctima hayan sido expuestos, arrojados, enterrados u ocultados en un lugar público o privado.
Penalidad y agravantes
El delito se sancionará con una pena de 40 a 60 años de prisión y sanción pecuniaria de cuatro mil a seis mil días del valor de la unidad de medida y actualización. La pena se aumentará hasta en una tercera parte de su mínimo y máximo cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: exista pluralidad de sujetos activos en la comisión del delito; el delito se cometa en contextos de trata de personas o explotación sexual en agravio de la víctima; se cometa en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviere un vínculo de parentesco, afectivo o de confianza, o cuando la víctima sea niña o adolescente.
Con esta reforma, el Congreso del Estado busca fortalecer la investigación de los feminicidios y evitar que estos crímenes queden impunes, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.
Material complementario: no se proporcionó en el boletín.


