El diputado Luis Fernando Gámez Macías presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado para garantizar que los ayuntamientos destinen anualmente al menos el 15% de su hacienda a infraestructura de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua para su análisis y dictamen.
Obligación constitucional para municipios
La iniciativa establece que los ayuntamientos deberán destinar obligatoriamente recursos de su hacienda a la construcción, ampliación, rehabilitación, conservación y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. El legislador explicó que, al elevarlo a rango constitucional, se blinda la inversión y se obliga a las administraciones municipales a priorizar un servicio básico, evitando que los recursos se desvíen a otros rubros no prioritarios.
Gámez Macías señaló que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y que hoy uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía en todo el estado es la falta de infraestructura adecuada, redes obsoletas y la falta de tratamiento de aguas.
«Sin agua no hay desarrollo, no hay salud ni bienestar; esta reforma busca que cada municipio, sin importar su tamaño, invierta de manera obligatoria y transparente en lo que más le importa a la gente, el agua potable en sus casas, drenaje digno y tratamiento de aguas», afirmó el diputado.
Próximos pasos legislativos
La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Agua, donde se discutirá y dictaminará. De aprobarse, representaría un cambio significativo en la forma en que los municipios asignan sus recursos, garantizando una inversión mínima en infraestructura hidráulica.
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