La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez presentó una iniciativa para exentar a las víctimas de robo de vehículos del pago de servicios de arrastre y pensión, cuando su unidad sea recuperada por las autoridades. La propuesta busca adicionar el párrafo tercero al artículo 61 de la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.
Fundamentos de la iniciativa
La legisladora señaló que el robo de vehículos es uno de los delitos de mayor impacto patrimonial y social en la entidad. Cuando una unidad robada es localizada, las autoridades la aseguran y trasladan a un depósito vehicular para su custodia, lo que genera gastos de arrastre y almacenamiento que actualmente son cobrados al propietario.
Martínez Vázquez argumentó que este cobro implica una doble victimización, pues el aseguramiento no deriva de una falta administrativa del dueño, sino de un delito cometido por un tercero. Por ello, trasladar esos costos a la víctima representa una afectación desproporcionada a su derecho de propiedad.
Problemas adicionales
La iniciativa también advierte sobre la saturación de los corralones, donde conviven vehículos asegurados por infracciones administrativas con aquellos vinculados a investigaciones penales. Esto genera riesgos de deterioro, pérdida de piezas y depreciación acelerada, además de posibles responsabilidades patrimoniales para el Estado si no se garantiza la conservación adecuada de las unidades.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictamen.
