Agresión sexual en Inpojuve: el sistema falla antes de que ocurra

El lugar que debía protegerlas

El Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) debería ser un espacio de oportunidades, talleres, orientación. Un lugar al que una adolescente pueda llegar buscando información o apoyo. Pero el pasado fin de semana, las afueras de esa institución se convirtieron en el escenario de una agresión sexual que quedó grabada y que ya circula en redes sociales. La indignación es comprensible, pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué hacía una menor de edad en situación de vulnerabilidad a las afueras de un edificio gubernamental sin que nadie —ningún protocolo, ningún filtro de seguridad— interviniera antes de que ocurriera lo peor?

Mientras tanto, el mismo fin de semana, las Secciones 26 y 52 del SNTE conmemoraban el Día del Maestro con un acto en el que, según reportó El Sol de San Luis, se destacó “el esfuerzo diario de mujeres y hombres comprometidos con la enseñanza, quienes enfrentan retos constantes dentro y fuera del aula”. Nadie mencionó, al parecer, que uno de esos retos es garantizar que ningún adulto con acceso a menores aproveche su posición para agredirlos. La desconexión entre el discurso institucional y la realidad cotidiana es, cuando menos, escalofriante.

Un patrón que no es mexicano

El caso de San Luis Potosí no es un hecho aislado. En Colombia, el pasado 6 de mayo, se conoció una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de siete años en la Institución Educativa León XIII, en el municipio de El Peñol, Antioquia. Según reportó El Espectador, el docente implicado fue separado de su cargo de manera preventiva y se activó el Código Fucsia, un protocolo de respuesta inmediata ante violencia sexual contra menores. La alcaldía local pidió “no difundir fotografías del docente ni información que no haya sido oficialmente corroborada, con el fin de proteger el debido proceso”.

“Este proceso cuenta con la participación activa de la Secretaría de Educación Departamental; dado que El Peñol es un municipio no certificado en educación, las decisiones de funcionamiento y actuación en las instituciones educativas dependen directamente del Departamento.” — Alcaldía de El Peñol, citada por El Espectador.

La respuesta institucional colombiana, aunque tardía, al menos activó un protocolo. En México, la pregunta sigue siendo si existe un mecanismo similar cuando un docente —o cualquier adulto en un espacio público o escolar— es señalado por agresión sexual. La respuesta corta: no, no hay un Código Fucsia mexicano. La respuesta larga: hay un sistema fragmentado que depende de la voluntad política de cada estado y de la capacidad de las fiscalías para investigar sin revictimizar.

Las cifras que no se conmemoran

Mientras los discursos del Día del Maestro se centran en el “compromiso” y la “vocación”, los datos de la Secretaría de Salud pintan un panorama muy distinto. Según el análisis de REDIM, en 2023 un total de 20,585 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas por violencia familiar en hospitales del país. Esa cifra representa un aumento de 595.2% con respecto a 2010, cuando se registraron 2,961 casos. Y aunque entre 2022 y 2023 hubo una ligera reducción del 9.3%, el número sigue siendo el tercero más alto desde que se tiene registro.

El dato más revelador, sin embargo, es la distribución por género: el 87.9% de las víctimas de violencia familiar en 2023 fueron mujeres. Es decir, la violencia contra la infancia en México tiene rostro de niña y de adolescente. Y cuando se habla de abuso sexual, la brecha es aún más profunda. Las cifras de hospitalización no capturan la totalidad del problema, como advierte el propio REDIM: durante el último mes de 2022, más de la mitad de las niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años (55.5%) habían sido receptoras de un método de disciplina violenta en el hogar, según la ENSANUT Continua 2022. La violencia intrafamiliar es el caldo de cultivo perfecto para que el abuso sexual ocurra en silencio.

Protocolos que no existen y celebraciones que no miran

El caso del Inpojuve expone una falla de diseño institucional. No se trata solo de que un agresor haya actuado en la vía pública; se trata de que el espacio que debía ser un refugio para jóvenes no contaba con las condiciones mínimas para prevenir una agresión. ¿Había vigilancia? ¿Había personal capacitado para identificar situaciones de riesgo? ¿Había un protocolo para atender a una menor que llegara sola y en situación vulnerable? La respuesta, a juzgar por los hechos, es no.

Y mientras tanto, el SNTE conmemora el Día del Maestro. No está mal celebrar a quienes educan, pero resulta cuando menos contradictorio que el gremio magisterial no haya puesto sobre la mesa, en ese mismo acto, la urgencia de capacitar a los docentes en detección y prevención de abuso sexual infantil. Porque los maestros son, después de los padres, los adultos que más tiempo pasan con los menores. Y si no están entrenados para identificar señales de alerta, se convierten en cómplices silenciosos de un sistema que normaliza la violencia.

En Colombia, el caso de El Peñol al menos activó un protocolo y separó al docente de inmediato. En México, la respuesta suele ser más lenta, más burocrática, más dependiente de la denuncia de los padres que de la acción proactiva de las instituciones. Y mientras tanto, las niñas siguen siendo las principales víctimas de una violencia que ocurre en casa, en la escuela y en la calle. El Inpojuve es solo el último ejemplo de un fracaso sistémico que ninguna conmemoración puede ocultar.

Fuentes consultadas:

• Oem – Secciones 26 y 52 del SNTE conmemoran el Día del Maestro
• Elespectador – Denuncian presunto abuso sexual contra una menor de siete años en colegio de El Peñol
• Blog Derechosinfancia Org – Violencia Familiar Contra La Niñez En México (2010-2023) – Blog De Datos E Incidencia Política De REDIM