Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en materia de publicidad educativa, supervisión y procedimientos sancionadores, presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Fortalecer la supervisión y combatir fraudes
El diputado Crisógono Pérez López, presidente de la comisión, destacó la relevancia de regular la prestación privada de servicios educativos debido al crecimiento significativo del sector y los casos de fraude por instituciones que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), afectando a miles de estudiantes potosinos.
La propuesta busca fortalecer la supervisión de las escuelas privadas y transparentar la publicidad educativa, además de endurecer las sanciones contra instituciones que engañan a estudiantes y padres de familia al carecer de autorización oficial.
Principales puntos de la reforma
- Obligación de las escuelas privadas de transparentar en toda publicidad la modalidad educativa y el domicilio autorizado.
- Lineamientos específicos para publicidad en redes sociales y medios digitales.
- Mecanismos de inspección ordinaria y extraordinaria.
- Facultad de la Secretaría de Educación para retirar publicidad irregular y aplicar multas de mil a siete mil veces la UMA.
- Revocación de autorizaciones o retiro del RVOE a instituciones que incumplan la ley.
- Conversión de sanciones económicas en créditos fiscales en caso de impago.
El legislador Crisógono Pérez López señaló que “esta reforma no sólo busca cerrar espacios al fraude educativo, sino elevar la integridad del sistema educativo, fortalecer la confianza pública y garantizar que toda oferta educativa cumpla con estándares de legalidad, calidad y pertinencia”.
Los legisladores consideraron que la reforma coloca a San Luis Potosí como referente nacional al priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, salvaguardar los derechos de las familias, modernizar herramientas de supervisión y fortalecer mecanismos de financiamiento.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
