Lo que debes de saber
- El colectivo lleva 14 años luchando por una ley que reconozca el trabajo de cuidado.
- Solo 6 de los 58 municipios potosinos han aprobado el sistema en sus cabildos.
- El 85% de las cuidadoras no tiene un empleo remunerado fuera del hogar.
- La aprobación en el Congreso estatal es solo el primer paso; la batalla real es en los municipios.

La carrera de obstáculos que dura 14 años (y contando)
Imagina dedicar catorce años de tu vida a empujar una roca cuesta arriba, solo para que, cada vez que parece que va a llegar a la cima, alguien le ponga otro cerro enfrente. Esa es, en esencia, la lucha del colectivo Cuidadoras Potosinas por el Sistema Estatal de Cuidados. Mariana Noruega, su representante, lo resumió con una frase que duele por lo precisa: «Ha sido una carrera contrarreloj ya de 14 años». Catorce años son dos periodos presidenciales completos, casi una generación. En ese tiempo, hemos visto pasar modas, gobiernos y hasta pandemias, pero la situación de las mujeres que cuidan a niños, ancianos o personas con discapacidad en San Luis Potosí sigue anclada en la invisibilidad y la precariedad. Según los datos que el propio colectivo presentó en el Congreso, y que recoge Metropolisanluis, solo el 15 por ciento de estas cuidadoras tiene un empleo remunerado fuera de casa. El otro 85% está atrapado en un limbo laboral donde su trabajo, esencial para que la sociedad funcione, no vale ni un peso en el mercado formal. Es el clásico ‘te ayudo, pero no es trabajo’, disfrazado de obligación familiar o amor incondicional.
«El derecho al cuidado implica también que las cuidadoras tengan espacios de descanso, de empleo y de atención integral, sobre todo a su salud física y mental», añadió Noruega.
El avance que hoy se celebra, la refrenda de apoyo en el Congreso del Estado, es importante, pero es como ganar la batalla del discurso. La guerra se está librando, y perdiendo, en los 58 municipios de la entidad. Porque de nada sirve una ley estatal si los ayuntamientos, que son los que tienen el contacto directo con la gente, se hacen de la vista gorda. El Heraldo de San Luis Potosí documenta precisamente esto: los avances son profundamente desiguales entre regiones. Mientras en algunos cabildos hay diálogo, en otros el tema es directamente un desconocido. Esto no es casualidad; es el reflejo de una política municipal que prioriza el asfalto y la obra pública (la que se ve y se toca en campaña) sobre el cuidado, un trabajo silencioso que se hace entre cuatro paredes.
Seis municipios no hacen verano (ni un sistema robusto)
El colectivo señala con orgullo que ya son seis los cabildos que han aprobado el sistema: Ciudad Valles, Santo Domingo y Rioverde entre ellos. Seis. De cincuenta y ocho. Hagamos matemáticas simples: eso es apenas el 10.3% del territorio potosino. Para que la ley se publique en el Diario Oficial del Estado y, teóricamente, entre en vigor, se necesita un número mayor de adhesiones municipales. ¿Cuántas? No está claro en las fuentes, pero lo que sí es evidente es que el camino por recorrer es enorme. Y aquí es donde el análisis pica y se extiende: ¿por qué solo esos seis? ¿Es que en Soledad, en la capital, o en Matehuala no hay personas que necesiten cuidados o mujeres sobrecargadas haciéndolo? Claro que las hay. La diferencia está en la voluntad política, en la capacidad de gestión del colectivo para llegar a cada rincón, y quizás, en la sordera selectiva de unos gobiernos locales más preocupados por el color del partido que por el bienestar de sus ciudadanas.
Noruega lo admitió sin tapujos: «el tema aún es desconocido en algunos cabildos». Esto es lo más revelador de todo. Después de catorce años de incidencia, de foros, de marchas y de reuniones, hay autoridades electas que ni siquiera saben de qué se trata el Sistema de Cuidados. Habla de una desconexión abismal entre la agenda de los movimientos sociales y la de los funcionarios municipales. Mientras ellas hablan de derechos, descanso y salud mental, ellos probablemente siguen pensando en el ‘cuidado’ como un asunto privado, de mujeres, que se resuelve en la casa. Esta brecha de comprensión es el muro más difícil de derribar, más que cualquier trámite legislativo. Implica una labor de pedagogía y sensibilización que recae, otra vez, en las espaldas del colectivo, que tiene que explicar una y otra vez por qué su trabajo merece ser reconocido y protegido por la ley.
La desigualdad como norma, no como excepción
El titular de El Heraldo no podía ser más claro: «muestra avances desiguales entre regiones». Pero esto no es una novedad para San Luis Potosí; es la historia de siempre. El estado es un catálogo de contrastes: la zona industrial y urbana del altiplano contra la ruralidad y marginación de la Huasteca. Un sistema que depende de la aprobación municipal está condenado, desde su diseño, a reproducir esas desigualdades. Es muy probable que los municipios que ya se subieron al barco (Ciudad Valles, Rioverde) tengan una estructura de sociedad civil más fuerte o autoridades un poco más sensibles. ¿Y los demás? Los que están más lejos, los más pobres, los que tienen alcaldes más tradicionales, se quedarán atrás. Así, una ley que busca generar equidad terminará, en la práctica, creando un mapa de derechos de primera y segunda clase. Las cuidadoras de la capital podrán tener algún apoyo, mientras las de un municipio huasteco olvidado seguirán cargando solas con el peso, sin descanso ni reconocimiento. El sistema, en lugar de cerrar brechas, corre el riesgo de ahondarlas.
Al final, lo que tenemos es un espejo de cómo funciona (o no) la política social en México. Se aprueban leyes con bombo y platillo en los congresos, se firman pactos y se hacen declaraciones grandilocuentes. Pero la implementación, la parte aburrida y complicada de tocar puertas en cada municipio, de convencer a cada regidor, de armar presupuestos locales, esa se la dejamos a la tenacidad de un colectivo de mujeres ya exhaustas. El Estado aparece para la foto en el Congreso, pero se esfuma cuando toca poner recursos, capacitar funcionarios y vigilar que lo acordado se cumpla. La pregunta incómoda que queda flotando es: ¿de verdad le importa al sistema político en su conjunto el cuidado, o solo le importa como un tema discursivo para llenar cuotas de género y parecer progresista? Mientras la respuesta no sea clara, las cuidadoras potosinas seguirán en su carrera contrarreloj, corriendo contra una burocracia indiferente y un reloj que no deja de avanzar.


