San Luis Potosí presume cifras récord de seguridad

Dos muertes y un trofeo

Imagina que en tu colonia hubiera solo dos asesinatos en toda una semana. Probablemente no lo celebrarías con un comunicado de prensa, pero en la lógica de la seguridad pública nacional, eso es motivo para sacar pecho y posicionarse entre los estados más seguros del país. Eso es exactamente lo que hizo el gobierno de San Luis Potosí a partir de un informe del CENAPI de finales de julio de 2025, que Futurosanluis replicó con entusiasmo. Según el reporte, en la semana del 28 de julio al 3 de agosto, la entidad registró únicamente dos homicidios dolosos, lo que representaba un mísero 0.4% del total nacional de 412 casos. La nota, que parece más un boletín oficial que un reportaje, no se anda con rodeos: atribuye el logro a la «Estrategia Integral de Seguridad» del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, destacando la coordinación con la federación y el trabajo de prevención. El mensaje es claro: aquí se trabaja, y los números lo demuestran. Pero reducir la complejidad de la seguridad pública a la estadística de una sola semana es como juzgar el clima de todo el año por un día soleado; puede ser cierto en ese instante, pero no cuenta la historia completa.

La narrativa que se repite (y los huecos que deja)

La celebración no fue un hecho aislado. Meses después, en marzo de 2026, El Economista retomaba el guion con datos actualizados. El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, anunciaba que en febrero del mismo año el estado había registrado tres homicidios dolosos, colocándolo como la tercera entidad con menor incidencia a nivel nacional. También se destacaba una reducción en feminicidios, con un caso en enero que ubicaba al estado en el lugar 21 nacional. La narrativa es consistente: «tendencia a la baja», «resultado de la estrategia integral», «coordinación entre los tres niveles de gobierno». El bloquequote de la fuente lo deja claro:

«…durante el mes de febrero el estado registró únicamente tres homicidios dolosos, una cifra excepcional que coloca a la entidad potosina como la tercera con menor incidencia a nivel nacional, lo que demuestra que la coordinación entre los tres niveles de gobierno está dando buenos resultados.»

Suena bien, suena a gestión. Sin embargo, aquí es donde el periodismo analítico debe hacer una pausa. ¿Dónde está el contraste con años anteriores? ¿Cómo se compara esta «tendencia a la baja» con los promedios históricos del estado o con la media nacional a lo largo de un año completo? Las fuentes proporcionadas no ofrecen ese contexto, presentando los datos como éxitos absolutos y autónomos. Celebrar tres asesinatos en un mes es un indicador de lo distorsionada que está nuestra vara para medir el éxito en seguridad. No se cuestiona la metodología del CENAPI o del SESNSP, ni se menciona si esta baja coincide con patrones estacionales o con dinámicas específicas de los grupos delictivos en la región. La información se presenta como un parte de victoria, no como un punto de partida para un análisis serio.

El elefante de los 390 millones de pesos

Mientras los comunicados festejan las cifras bajas, otra noticia pasa con menos bombo pero con mucho más peso presupuestal. En abril de 2026, Metropolisanluis informa que el estado ejercerá una inversión de 390 millones de pesos en seguridad pública para ese año. El dinero, proveniente de los fondos federales FASP y FOFISP, se destinará a la profesionalización, certificación y equipamiento de policías, mejora de centros de mando, ampliación de videovigilancia y prevención del delito. La titular del Secretariado, Nohemí Proal Huerta, es la fuente de la información. Aquí surge la pregunta incómoda que ninguna de las notas celebratorias se hace: si la seguridad ya es tan buena, si la estrategia ya es tan efectiva que se logran cifras récord con la infraestructura actual, ¿por qué se necesita una inyección de 390 millones de pesos? La contradicción es palpable. Por un lado, se vende la imagen de un estado casi pacificado gracias a una estrategia impecable. Por el otro, se solicita y se ejerce una cantidad millonaria para «fortalecer» y «consolidar» instituciones que, según la narrativa oficial, ya están dando resultados excepcionales. ¿Es este gasto una apuesta para mantener la tendencia o un reconocimiento tácito de que la situación es más frágil de lo que se pinta?

Entre el dato duro y el relato oficial

El caso de San Luis Potosí es un ejemplo de libro de cómo se construye una narrativa de éxito en seguridad. Se toman indicadores puntuales favorables (una semana, un mes), se les despoja de contexto histórico y comparativo, y se les atribuye de manera directa e incuestionable a la acción gubernamental. Las fuentes, especialmente Futurosanluis y la información replicada por El Economista, funcionan más como altavoces de la versión oficial que como ejercicios de contraste periodístico. No hay voces críticas, no hay comparativas con periodos anteriores del mismo gobierno o administraciones pasadas, no hay un análisis de la distribución geográfica de los delitos dentro del estado. Se habla de «cuatro regiones pacificadas» pero no se explica qué significaba la violencia antes en ellas. Este enfoque crea una burbuja informativa donde el éxito es absoluto y autogenerado. Sin embargo, la aprobación de 390 millones de pesos para el mismo rubro del que se presume eficiencia, actúa como un pequeño pinchazo a esa burbuja. Sugiere que los encargados de la seguridad saben que el statu quo no se mantiene solo con discursos, sino con inversión constante, tecnología y, sobre todo, con la prevención de que los factores de riesgo no repunten. El verdadero análisis no está en celebrar dos o tres homicidios menos, sino en preguntarse qué se está haciendo con cientos de millones de pesos para que, en el futuro, la cifra aspire a ser cero y no solo «la tercera más baja». La paz no se mide en puestos de un ranking semanal, sino en la sostenibilidad de la tranquilidad y la justicia. Por ahora, San Luis Potosí tiene un buen dato que vender, pero la factura de 390 millones indica que la obra está lejos de estar terminada.

Fuentes consultadas:

• Futurosanluis – SAN LUIS POTOSÍ DESTACA ENTRE LOS ESTADOS MÁS SEGUROS DEL PAÍS
• Eleconomista – San Luis Potosí destaca a nivel nacional por su reducción de delitos de alto impacto
• Metropolisanluis – San Luis Potosí destina 390 millones de pesos para fortalecer la seguridad en 2026