Anexos y asilos operan sin control en SLP; autoridades prometen revisiones

El negocio de la vulnerabilidad, a la sombra de la ley

En San Luis Potosí, la rehabilitación de adicciones y el cuidado de adultos mayores se han convertido en un mercado gris donde la regulación es un anuncio recurrente y la operación ilegal, una constante. Oem documenta la advertencia de Mauricio Ordaz Flores, titular de Protección Civil estatal: los anexos funcionan «prácticamente dentro de un marco de ilegalidad». La frase no es un eufemismo burocrático; es la constatación de que estos centros carecen de lo elemental: licencia de funcionamiento, uso de suelo, dictámenes de protección civil o ecología. No es que fallen en un trámite, es que operan al margen de todo el andamiaje legal diseñado, precisamente, para proteger a las personas más vulnerables. Lo más revelador es la táctica de camuflaje: están «disfrazados» como casas habitación. Algunos, dice Ordaz Flores, «ni parecen que sean centros de rehabilitación». Esta no es negligencia, es una estrategia deliberada para evadir la mirada de las autoridades, lo que convierte cada puerta cerrada en un potencial cuarto de torturas o abandono.

«Yo creo que esos anexos están prácticamente dentro de un marco de ilegalidad, ya que no cuentan con ningún permiso», afirmó Mauricio Ordaz Flores, coordinador estatal de Protección Civil, según Oem.

Pero el problema no se limita a los anexos. La red de desprotección se extiende a los adultos mayores. Sanluispotosi Quadratin reporta que al menos 17 asilos en el estado operan sin el aval de Protección Civil. Es decir, lugares que albergan a personas en la última etapa de su vida, posiblemente con movilidad reducida o condiciones médicas, funcionan sin que una autoridad verifique si cuentan con rutas de evacuación, extintores, instalaciones eléctricas seguras o protocolos para emergencias. La cifra es una alerta roja que debería haber detonado operativos masivos, no solo comunicados de prensa. La coincidencia en el modus operandi con los anexos es escalofriante: ambos sectores aprovechan la necesidad desesperada de familias y la falta de opciones estatales suficientes para montar negocios sin las más mínimas condiciones de seguridad y salubridad.

De la promesa a la (in)acción: un ciclo que se repite

Lo verdaderamente crítico de esta historia no es el descubrimiento, sino el déjà vu. Las declaraciones de Protección Civil sobre futuros «operativos de inspección» y «recorridos» suenan a un guion ya conocido. Porque este no es un problema nuevo. Metropolisanluis reportó en mayo de 2025 –es decir, casi un año antes– que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció medidas «inmediatas» para regular y supervisar rigurosamente asilos y anexos. El detonante entonces fue un «caso de maltrato» en un asilo clandestino. «Lo que sucedió ayer nos prende las alarmas para revisar todo San Luis Potosí», dijo Gallardo en ese momento. Prometió trabajar en ello «desde la próxima semana». Hoy, en abril de 2026, el titular de Protección Civil sigue anunciando que hará «próximamente» un recorrido. La pregunta es obligada: ¿qué pasó con aquel operativo anunciado con bombo y platillo tras el escándalo de maltrato? ¿Fue un barrido cosmético, un intento fallido, o simplemente se diluyó en la inercia de la administración?

El análisis de las tres fuentes pinta un cuadro de reactividad crónica. Las autoridades parecen movilizarse solo cuando la presión mediática o un caso escandaloso los obliga. El gobernador Gallardo reaccionó tras un caso de maltrato. Ahora, Protección Civil anuncia revisiones tras una alerta pública. No hay, según lo reportado, una estrategia de vigilancia proactiva y constante. Esto crea un ambiente perfecto para la impunidad: los operadores ilegales saben que el riesgo de ser detectados es bajo y, si son descubiertos, las consecuencias suelen ser administrativas (multas, clausuras temporales) y no penales. Mientras tanto, el coordinador Ordaz Flores señala la «necesidad de reforzar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno», admitiendo tácitamente que hoy esa coordinación es deficiente o inexistente. Es el clásico círculo vicioso: se identifica un problema grave, se anuncia una solución grandilocuente, se señala la falta de coordinación como obstáculo, y el problema permanece, listo para estallar en el siguiente caso de maltrato o tragedia.

La otra cara de la moneda: la responsabilidad social y la oferta estatal

Es justo señalar que, en medio de esta crítica a la inacción regulatoria, las fuentes también apuntan a otros factores del problema. El gobernador Gallardo, en su declaración de 2025 recogida por Metropolisanluis, lanzó un dardo a la sociedad: «No podemos abandonar a nuestros adultos mayores en lugares sin supervisión. La sociedad también debe tomar conciencia». Tiene un punto. La demanda por estos servicios nace, a menudo, de la desesperación de familias que no pueden o no saben cómo cuidar a un familiar con adicciones o en la tercera edad, y recurren a la opción más barata y accesible, aunque sea clandestina. Sin embargo, esta reflexión no puede ser una coartada para el Estado. Al contrario, debería impulsar una doble política: una regulatoria y punitiva contra los centros ilegales, y otra de apoyo y creación de opciones seguras y accesibles para las familias.

En ese sentido, Gallardo mencionó que la Casa de los Potosinos tiene capacidad para 120 adultos mayores, pero solo alberga a unos 80. Es un dato que invita a más preguntas que respuestas: ¿por qué no está a su máxima capacidad? ¿Es un problema de difusión, de accesibilidad económica, de requisitos de ingreso? Y, sobre todo, ¿qué pasa con el resto de los cientos o miles de adultos mayores en situación de riesgo en el estado? Un solo albergue estatal, por más grande que sea, es una gota en un océano de necesidad. La existencia de 17 asilos sin aval demuestra que la oferta formal (estatal y privada regulada) es insuficiente, y ese vacío es llenado por el mercado negro. El anuncio de Gallardo en 2025 sobre reformas legales para proteger a los adultos mayores, en coordinación con diputados, suena bien en el papel. Pero, de nuevo, el tiempo transcurrido y la persistencia del problema ilegal hoy cuestionan la eficacia y la urgencia con la que se han implementado esos cambios prometidos.

El verdadero costo de la regulación pendiente

Al final, este no es un tema de trámites burocráticos o de falta de inspecciones. Es un asunto de derechos humanos básicos y de integridad física. Cada anexo clandestino es un lugar donde se puede estar sometiendo a personas a tratos crueles, inhumanos o degradantes con la excusa de la rehabilitación. Cada asilo sin aval es un potencial incendio, una epidemia o un caso de abandono esperando a suceder. Las autoridades de SLP tienen en sus manos la información: saben que el problema existe, es grave y está extendido. Incluso han tenido el detonante de un escándalo público que debería haber sido suficiente para actuar de manera contundente y permanente. Que hoy, en 2026, sigan en la fase de «alertar» y «anunciar» operativos, en lugar de reportar clausuras, procesos judiciales y una red de centros regulados, habla de una falla profunda en la priorización y la capacidad de ejecución. La vulnerabilidad de los internos en estos lugares no puede seguir siendo el precio de la ineficacia estatal. La próxima vez que Protección Civil anuncie los resultados de su «recorrido», la ciudadanía debería exigir no solo cifras de centros visitados, sino nombres de responsables consignados y un plan con fechas y metas claras para erradicar este negocio de la sombra. De lo contrario, será solo otro capítulo en el ciclo infinito del anuncio y el olvido.

Fuentes consultadas:

• Oem – Anexos operan fuera de la ley en SLP; Protección Civil alista revisiones
• Sanluispotosi Quadratin – Alerta en SLP: 17 asilos operan sin aval de Protección Civil estatal
• Metropolisanluis – Gobierno de SLP reforzará regulación de asilos y anexos tras caso de maltrato; anuncia inversiones y adelanta detalles de la FENAPO