Lo que debes de saber
- El precio nacional promedio es de 24.18 pesos, pero la diferencia entre el estado más barato y el más caro es de casi 18 pesos.
- El líder del Consejo Nacional de la Tortilla acusó que algunos firmantes del pacto con Sheinbaum «le mintieron a la presidenta».
- En San Luis Potosí, el precio oscila entre 25 y 27 pesos, y las autoridades no han inspeccionado para controlar el alza.
- La disparidad regional es brutal: en Mexicali cuesta 33.29 pesos, mientras que en Xalapa se vende a 15.75.

El mapa de la tortilla: un país partido en dos por el precio del maíz
Si quieres entender la economía mexicana, no mires los indicadores macro, mira el precio de la tortilla. Y lo que ves en abril de 2026 es un país fracturado. Según un reporte de Terra, la brecha es obscena: en Xalapa, Veracruz, el kilo se consigue por 15.75 pesos, pero cruzas hacia el norte y en Mexicali, Baja California, la misma tortilla te cuesta 33.29 pesos. Es decir, pagas más del doble por el mismo alimento básico. El Financiero confirma esta disparidad, señalando una diferencia de hasta 17 pesos entre regiones. No es solo un tema de oferta y demanda local; es un síntoma de fallas estructurales en la cadena de distribución, costos de transporte disparados y, quizá lo más importante, la ausencia de una política nacional que realmente homologue el acceso a este producto. Mientras el gobierno federal habla de un «acuerdo nacional», en la práctica cada estado, cada municipio, cada tortillería libra su propia batalla contra los costos de la harina, la luz y el gas.

El pacto de Palacio que se desmorona en la tortillería
Justo cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presumía acuerdos para contener la inflación en la canasta básica, la realidad le dio una bofetada con masa. Politico documentó el anuncio de Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla: a partir del 15 de abril, un aumento de entre 2 y 4 pesos a nivel nacional. Pero lo verdaderamente revelador no fue el incremento, sino la declaración que lo acompañó. López desnudó la farsa del pacto firmado en Palacio Nacional, acusando a algunas organizaciones de haber engañado a la mandataria sobre su capacidad real para contener los precios. Su crítica fue un dardo directo al corazón de la estrategia gubernamental.
“El acuerdo nacional, yo se los comenté, no va a proceder si realmente no se atacan los problemas. Digo, algunos compañeros pues salían en la foto y todo ese rollo, pues dijeron que sí y le mintieron a la presidenta que que eran organizaciones que estaban muy nutridas y que podían sacar esto adelante y pues la realidad fue que no”, expuso el presidente del Consejo.
Esta confesión es el meollo del asunto. Muestra la desconexión entre la foto oficial, con empresarios sonrientes y acuerdos firmados, y el suelo resbaladizo de la economía real. Los tortilleros, los que realmente mueven la masa, no están en esos pactos. Ellos enfrentan el alza en los energéticos, los impuestos municipales, las cuotas al Seguro Social y la competencia desleal de la informalidad, como bien detalla un reporte local de Oem desde San Luis Potosí. Mientras, el gobierno, en lugar de atacar esos problemas de fondo, opta por lo que López llamó «tirar dinero» en programas que no estabilizan al sector. El resultado es predecible: el pacto se rompe y la tortilla se encarece.

San Luis Potosí: el microcosmos de un problema nacional
Tomemos el caso de San Luis Potosí como ejemplo de libro de texto. Según Oem, aquí el kilo oscila entre 25 y 27 pesos, ligeramente por encima del promedio nacional de 24.18 pesos que reporta El Financiero. ¿Las razones? Un cóctel perfecto de problemas: el costo de la materia prima (maíz entre 6.80 y 7.20 el kilo), los energéticos por las nubes, y la carga fiscal para las tortillerías formales que compiten contra la informalidad. Pero hay un dato que duele: el reporte señala que «de momento no se han recibido visitas de autoridades federales o estatales para inspeccionar o hacer alguna indicación en torno al precio de la tortilla». Ahí lo tienes. Mientras en la capital se firman acuerdos, en los estados no hay ni siquiera supervisión. La política se queda en el anuncio, no en la ejecución. Y sin un padrón oficial de tortillerías, como admite la misma nota, ni siquiera se puede medir con precisión el consumo o diseñar una intervención efectiva. Es gobernar a ciegas.
La sombra de los gigantes de la harina
El análisis no estaría completo sin mencionar al elefante en la tortillería: la concentración del mercado. El Financiero recoge las acusaciones de Álvaro López Ríos, de la UNTA, sobre un «contubernio» entre el gobierno y las grandes molineras como Maseca, Minsa y Harimasa. La denuncia es grave: se les acusa de imponer precios bajos al productor de maíz, pero mantener costos altos para el resto de la cadena, incluyendo a las tortillerías. Esto crea un cuello de botella donde unos pocos actores tienen un poder desmedido sobre el precio final de un alimento de primera necesidad. Si esta acusación tiene algo de verdad, entonces el problema no es solo de coyuntura o de costos de producción; es un problema de competencia económica y de poder de mercado. Un pacto en Palacio que no toca este tema está condenado al fracaso desde el inicio, porque no desafía a los que realmente podrían fijar los precios.
¿Y ahora qué come la gente?
Al final del día, todas estas cifras, acuerdos rotos y denuncias se traducen en un golpe directo al bolsillo de las familias, especialmente de las más pobres. La tortilla no es un lujo, es la base de la alimentación. Cuando su precio se dispara de manera desigual por el país, lo que se refleja es la desigualdad misma. El norte paga un impuesto geográfico por vivir lejos de los centros de producción. Las tortillerías formales luchan por sobrevivir entre impuestos y gigantes corporativos. Y el ciudadano de a pie se pregunta por qué, si hay un acuerdo presidencial, cada vez paga más por llenar el tortillero. La próxima vez que un funcionario hable de «pactos contra la inflación», habría que preguntarle no por la foto, sino por el precio en la tortillería de la esquina. Porque ahí, en ese precio escrito a mano en un pizarrón, está la verdadera radiografía económica del país, una que no se firma en Palacio, sino que se paga en efectivo, todos los días.


