TL;DR
- Una jueza federal bloqueó la eliminación del TPS para 89 mil migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal
- El fallo de 52 páginas señala que la decisión de Trump estaba motivada por prejuicios raciales
- 72 mil hondureños, 12 mil nepaleses y 4 mil nicaragüenses enfrentaban deportación tras décadas en EE.UU.
- La jueza Thompson criticó declaraciones que presentan a inmigrantes como «delincuentes y una carga»
- Este caso es parte de una ofensiva más amplia contra programas de protección migratoria
Cuando la justicia le dice «no» al poder
En un mundo donde las políticas migratorias suelen moverse al ritmo de los discursos de campaña, la jueza Trina Thompson de San Francisco acaba de poner un alto que resuena más allá de su corte. Según Elpais, Thompson bloqueó la decisión del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 89 mil personas de Honduras, Nicaragua y Nepal. No fue un simple «no» administrativo – fue un fallo de 52 páginas que lee como una clase magistral sobre cómo la ley debería funcionar cuando el poder ejecutivo se pasa de listo.
Los números que Trump no quiere que veas
Detrás del «aproximadamente 89.000 personas» hay historias que llevan décadas construyéndose. Los hondureños son la mayoría con 72 mil, seguidos por 12 mil nepaleses y 4 mil nicaragüenses. Muchos llegaron en los 90, cuando el TPS se creó precisamente para proteger a personas de países en crisis por conflictos armados, desastres naturales u «otros eventos extraordinarios». Aquí está el detalle que duele: estos no son recién llegados buscando aprovecharse del sistema. Son personas que han construido vidas, familias y carreras durante 20 o 30 años. Jhony Silva, uno de los demandantes hondureños, llegó a los tres años. Perdió su trabajo como auxiliar de enfermería certificado y tuvo que dejar sus estudios de enfermería cuando anunciaron el fin del TPS. ¿Qué clase de «carga para la sociedad» estudia para ser enfermero en medio de una pandemia?
El lenguaje que delata los prejuicios
La jueza Thompson no se anduvo con rodeos. Citó declaraciones del presidente Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que presentan a los inmigrantes como delincuentes y una carga. «Estas declaraciones reflejan una visión estereotipada de los inmigrantes protegidos por el programa TPS, considerándolos invasores criminales, y perpetúan la creencia discriminatoria de que ciertas poblaciones inmigrantes reemplazarán a la población blanca», escribió. Aquí es donde el fallo pasa de ser técnico a ser político: Thompson determinó que la Alianza Nacional TPS había alegado «de manera plausible» que las rescisiones estaban motivadas por prejuicios raciales. No es solo que la administración no siguió el procedimiento – es que lo hizo con una lente discriminatoria.
La madre nepalesa que puso cara al problema
Sandhya Lama, demandante de 43 años originaria de Nepal, vive en Estados Unidos desde 2008. Es madre soltera de tres ciudadanos estadounidenses. Su declaración resume la absurdidad de la situación: «El TPS me ha brindado a mí y a mis hijos una protección humanitaria esencial. Estoy agradecida de que esta orden signifique que puedo regresar a trabajar y vivir con seguridad en EE UU, pero nunca se le debería haber permitido a la secretaria actuar con tal desprecio por la ley». Aquí hay un punto clave: sus hijos son ciudadanos estadounidenses. ¿Qué propone exactamente la administración? ¿Deportar a la madre y dejar a tres niños ciudadanos en el sistema de cuidado infantil? ¿O deportarlos a todos a un país que la madre dejó hace 17 años?
El patrón que no es coincidencia
Este caso no existe en el vacío. Como documenta Elpais, la administración ha ido eliminando programas TPS como si fueran malas hierbas. Más de 600 mil venezolanos perdieron su permiso de residencia. Miles de haitianos, afganos, etíopes y myanmeños enfrentan ahora la deportación. Justo un día antes del fallo de Thompson, otra jueza federal en Boston bloqueó el fin de las protecciones para cientos de migrantes de Sudán del Sur. ¿Empieza a verse un patrón? Jueces federales en distintas partes del país diciendo «esperen un momento, esto no está bien».
La pregunta incómoda que nadie quiere hacer
El TPS existe desde 1990. Los beneficiarios han renovado sus estatus cada 18 meses por décadas, pasando verificaciones de antecedentes, pagando tasas, construyendo vidas. Si después de 30 años siguen siendo «temporales», ¿qué significa realmente esa palabra? ¿Y si la verdadera crisis no está en sus países de origen, sino en un sistema migratorio que prefiere mantener a personas en un limbo perpetuo en lugar de crear caminos hacia la residencia permanente? La jueza Thompson señaló que la administración no consideró «las condiciones en los tres países que les impedirían regresar». Pero quizás la pregunta más importante es: ¿después de 30 años, a qué país realmente pertenecen estas personas?
Lo que viene: más batallas legales, más incertidumbre
Thompson rechazó la solicitud del gobierno de desestimar el caso, así que esto va para largo. Mientras tanto, 89 mil personas respiraron aliviadas, pero como dijo Jhony Silva: «La orden judicial de hoy es un gran alivio, pero la decisión del Gobierno de poner fin al TPS ya ha causado estragos en mi vida y en la de muchos otros». El daño ya está hecho: trabajos perdidos, estudios interrumpidos, años de estrés acumulado. Y la administración probablemente apelará, porque en la política migratoria actual, parece que deportar es más importante que reconocer que algunas personas, después de décadas, simplemente se convirtieron en estadounidenses de facto. La jueza Thompson puso un freno, pero la batalla por definir quién «merece» quedarse en Estados Unidos sigue siendo una de las más divisivas de nuestro tiempo.
