Registro de celulares avanza a paso de tortuga: solo 14% de líneas inscritas

El padrón fantasma: cuando la burocracia choca con la realidad

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reporta, con un optimismo digno de mejor causa, que 22 millones 784 mil 144 líneas telefónicas están registradas en el nuevo Padrón Nacional. Suena a un chingo, ¿verdad? Hasta que te das cuenta de que, según El Universal, esa cifra apenas representa el 14% del total de líneas activas en el país. Si tomamos en cuenta el dato de la consultora The Competitive Intelligence Unit, que estima 161.7 millones de líneas al cierre de 2025, la cosa se pone peor. Estamos hablando de que, a tres meses de que venza el plazo el 30 de junio, más de 130 millones de números podrían quedar en el limbo. El gobierno de Sheinbaum, según Elimparcial, promete bloquear todas las líneas no registradas. La pregunta obligada es: ¿creen de verdad que van a suspender el servicio a más de cien millones de mexicanos? La amenaza suena más a un bluff monumental que a una política ejecutable.

El efecto colateral: las telefónicas sangran usuarios

Mientras el gobierno presume su cruzada contra el anonimato, el mercado móvil ya está sintiendo el golpe. Un reporte de Reforma revela un dato que a las empresas les duele en la cartera: desde enero, las activaciones de nuevas líneas han caído en un 44% en promedio, comparado con el mismo periodo del año pasado. La lógica es simple y brutal: si para comprar un chip de prepago ahora necesitas presentar identificación oficial y hacer un trámite, mucha gente simplemente se lo piensa dos veces o decide no hacerlo. Esto no es solo un problema para Telcel o Movistar; los Operadores Móviles Virtuales (OMVs), que viven de captar usuarios con ofertas agresivas, están viendo cómo se les frena en seco su modelo de negocio. El crecimiento anual del mercado, que según las fuentes era del 6.2%, ahora enfrenta un obstáculo regulatorio de esos que no se ven en las gráficas de los discursos oficiales. La medida, en teoría diseñada para atrapar delincuentes, está atrapando primero el crecimiento económico del sector.

«La iniciativa desató polémica, pues en menos de 24 horas de inicio del registro, especialistas en ciberseguridad advirtieron sobre la potencial exposición masiva de datos personales.» – Infobae

El discurso oficial, repetido hasta el cansancio, es que este registro obligatorio servirá para reducir llamadas de extorsión y combatir fraudes telefónicos. Suena bien en el papel, como suelen sonar todas las medidas de seguridad que prometen un mundo ideal. Pero aquí hay un detalle que nadie en el gobierno quiere abordar de frente: el crimen organizado, ese que realmente hace negocio con las extorsiones, no compra chips en el Oxxo a su nombre. Utilizan testaferros, roban identidades o consiguen las líneas por medios ilícitos. ¿De verdad alguien cree que un cabecilla del CJNG va a registrar su línea con su CURP? La medida, en el mejor de los casos, podría complicarle la vida a los delincuentes ocasionales o de bajo nivel, pero difícilmente tocará a las grandes estructuras criminales. Mientras tanto, el ciudadano común y corriente tendrá que someter sus datos biométricos (porque el proceso incluye una selfie en tiempo real o «prueba de vida») a una base de datos masiva cuyo resguardo y protección son, siendo generosos, una incógnita gigantesca.

El fantasma de la inconstitucionalidad y el futuro incierto

Este no es el primer rodeo de México con el registro de celulares. Quien tenga memoria recordará intentos fallidos en el pasado. Y aunque las fuentes actuales hablan de un proceso en marcha, Cronista apunta hacia un futuro donde la Suprema Corte podría tener la última palabra, considerando medidas similares como inconstitucionales por violar derechos a la privacidad. Es el eterno debate mexicano: seguridad vs. libertades. El gobierno apuesta por el control, argumentando que el fin justifica los medios. Pero la experiencia nos dice que en México los padrones masivos tienen un historial espeluznante: se pierden, se venden, se hackean. La pregunta incómoda que queda flotando es: ¿quién protege al ciudadano de un Estado que ahora tendrá un mapa detallado de quién se comunica con quién? El proceso, según Infobae, puede hacerse en línea subiendo una foto de tu INE y tomándote una selfie. En un país con niveles alarmantes de suplantación de identidad y fraudes cibernéticos, entregar esa información sensible es, como mínimo, un acto de fe monumental. La paradoja es cruel: una política diseñada para darte seguridad te hace sentir más vulnerable.

Así las cosas, nos acercamos al 30 de junio con un panorama de caos administrado. Por un lado, un gobierno empeñado en implementar una medida de dudosa efectividad práctica contra el crimen. Por el otro, millones de usuarios que, por desconfianza, desinformación o pura flojera, no han hecho el trámite. En el medio, las empresas de telecomunicaciones viendo cómo se frena su negocio. El reloj sigue corriendo y la CRT actualiza su contador de líneas registradas, que avanza con la velocidad de un trámite de gobierno. Lo único seguro es que, cuando llegue la fecha límite, habrá un momento de verdad. O el gobierno cumple su amenaza y desata un caos social y económico al bloquear millones de líneas, o da marcha atrás y evidencia que todo fue un enorme teatro de seguridad. En cualquiera de los dos escenarios, el ciudadano sale perdiendo: o se queda sin su celular, o confirma que vive bajo políticas hechas para el espectáculo, no para resolver.

Fuentes consultadas:

• Elimparcial – Ya es oficial: Gobierno de Sheinbaum bloqueará todos los números de teléfono, de plan y prepago, que no estén vinculados a su CURP antes del 30 de junio: ¿Cómo hacer el registro obligatorio de celulares que comenzó el 9 de enero?
• Eluniversal – Un 14% de usuarios están registrados en el padrón nacional de Telefonía Móvil; suman 22 millones
• Reforma –
• Infobae – A tres meses de la fecha límite, esta es la cifra de líneas registradas en el padrón nacional de Telefonía Móvil – Infobae
• Cronista –