TL;DR
- Petro destituyó al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza por «intentar sabotear» su reunión con Trump
- Acusa al oficial de planear poner sustancias psicoactivas en su caravana, pero no presenta pruebas concretas
- El general niega todo y dice que nadie le ha dado oportunidad de defenderse
- La destitución ocurre en medio de inundaciones históricas y a un mes de elecciones legislativas
- Petro también acusa a la fiscal general que él mismo postuló de «arrinconarlo» con procesos judiciales
La acusación que parece salida de una película de espías
«Alguien le dio la orden, obviamente no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro, con la misión de destruir la reunión con Trump». Así, sin anestesia, anunció Gustavo Petro la destitución del brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Nacional en Cali. Según El País, el presidente colombiano lanzó la bomba durante un Consejo de Ministros en Montería, ciudad que tiene barrios enteros anegados por las peores inundaciones en décadas. El timing es lo primero que llama la atención: mientras el Caribe colombiano se hunde bajo el agua, Petro habla de conspiraciones con drogas para sabotear su imagen internacional.
Las preguntas que nadie contesta (ni siquiera Petro)
Aquí es donde la historia empieza a oler raro. Petro no explicó cómo supo del supuesto intento de sabotaje. No reveló qué pruebas tiene. Ni siquiera dejó claro si las drogas irían a su caravana en Colombia o en Washington. Lo único que hizo fue conectar puntos sueltos: indicó que Urrego había tenido que ver con un allanamiento en noviembre en la casa de su ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero según el propio general, sus funciones «no tenían nada que ver ni con el esquema de seguridad del presidente ni con el allanamiento en Barranquilla». ¿Entonces? La acusación queda flotando en el aire como un globo sin hilo.
El general que pide lo básico: una oportunidad para defenderse
Mientras Petro lanza acusaciones en ruedas de prensa, Urrego habla con radios locales para defender su inocencia. «Es una total desinformación la que ha recibido el señor presidente. No obedece a la realidad», dijo a Caracol Radio. Y luego viene el dato que duele: «Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció». El general incluso anunció que está pensando iniciar acciones jurídicas para defender su honra. La escena es digna de análisis: un presidente acusa, destituye por decreto, y el acusado se entera por los medios que su carrera policial de años termina sin derecho a réplica.
El timing político perfecto (o demasiado perfecto)
La reunión de Petro con Trump fue un golpe maestro de relaciones públicas. Después de un año de insultos y desencuentros, los dos aparecieron sonriendo como viejos amigos. Según El País, el encuentro «marcó un giro en la política colombiana» justo a un mes de las elecciones legislativas del 8 de marzo y en plena campaña para las presidenciales del 31 de mayo. La derecha había usado por años el argumento de que Petro arruinaría las relaciones con Estados Unidos. La foto con Trump les quitó esa bandera electoral. Y ahora, ¿qué mejor que una conspiración de sabotaje para reforzar la narrativa de que «los poderes oscuros» querían impedir ese acercamiento histórico?
La paranoia que se extiende más allá de la policía
Lo más preocupante es que la acusación contra Urrego no es un caso aislado. En la misma intervención en Montería, Petro acusó a la fiscal general Luz Adriana Camargo -sí, la misma que él postuló para el cargo en 2024- de dirigir «una estrategia para arrinconarlo a través de procesos contra personas cercanas». El patrón se repite: primero postula a alguien, luego acusa a esa misma persona de conspirar contra él. Es como si Petro viviera en un thriller político donde todos están en su contra, incluso sus propios aliados. El problema es que esta película se desarrolla en la vida real, con carreras que se destruyen y instituciones que se debilitan.
Lo que realmente está en juego (y no son las drogas)
Más allá del drama de las sustancias psicoactivas que nunca aparecieron, lo que está en juego aquí es la credibilidad de las instituciones. Un presidente no puede destituir a un general de alto rango con acusaciones de película sin presentar pruebas. No puede. Porque si hoy es Urrego, mañana puede ser cualquier otro funcionario que no le caiga bien. El decreto del Ministerio de Defensa que retira al general del servicio activo se ejecutó al mediodía del miércoles, apenas horas después de que Petro lanzara la acusación en público. No hubo investigación interna, no hubo proceso disciplinario, no hubo nada. Solo la palabra del presidente contra la del general.
La pregunta incómoda que queda flotando
¿Qué es más preocupante? ¿Que exista un general de la policía dispuesto a sabotear una reunión presidencial con drogas (un plan tan ridículo que parece inventado), o que un presidente use su poder para destituir a un oficial sin pruebas mientras el país enfrenta una emergencia climática histórica? Las inundaciones en la costa Caribe han dejado comunidades enteras bajo el agua, y en medio de esa crisis, el debate nacional se centra en una acusación sin sustento. Urrego dice que va a defender su honra en los tribunales. Habrá que ver si los jueces le dan la razón, o si la palabra presidencial pesa más que el debido proceso. Porque al final, eso es lo que define a una democracia: no quién tiene el poder, sino qué límites tiene ese poder.
