ONU pide llevar crisis de desaparecidos en México a Asamblea General

El ‘broncón’ diplomático y los 133,000 fantasmas

La cifra es tan monstruosa que ya ni siquiera duele: 133,000 personas desaparecidas. Es como si toda la población de una ciudad como San Luis Potosí se hubiera esfumado. Pero lo que sí parece dolerle al gobierno mexicano es que alguien lo señale con el dedo. Esta semana, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) decidió que la situación en México es tan grave que amerita ser llevada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. No es una recomendación, ni una sugerencia amable. Es un procedimiento de emergencia, una señal de alarma máxima que se activa cuando un país no puede o no quiere atender una crisis de derechos humanos. La respuesta de la administración de Claudia Sheinbaum no se hizo esperar: un comunicado conjunto de la SRE y Segob, cargado de adjetivos como «tendencioso», «parcial» y «sesgado», según reporta El Financiero. La estrategia es clásica: cuando no puedes refutar los hechos, atacas al mensajero. El problema es que los hechos, esos 133,000 casos, siguen ahí, acumulando polvo en archivos y desgastando las suelas de las madres buscadoras.

La colusión que duele reconocer

Lo más incómodo del informe de la ONU no es la cifra total, sino el patrón que describe. No habla de un Estado ausente, sino de uno cómplice. El documento, basado en información de la Federación Internacional de Derechos Humanos, señala que las desapariciones se cometen con apoyo directo o indirecto «de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado». Traducción: no es que el narco opere en un vacío de poder. Es que hay colusión. El informe detalla cómo una de las prácticas más comunes son las detenciones ilegales por autoridades que luego entregan a las personas a grupos criminales. Incluso menciona el uso de vehículos e instalaciones oficiales para cometer estos crímenes. Como botón de muestra, citan el espeluznante caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado donde la investigación fiscal ha sido, según el documento, un desastre de omisiones y negligencias. Esto no es una acusación vaga; es una radiografía de un sistema podrido, donde la línea entre el policía y el criminal se borra con sangre e impunidad.

El comité concluye que la información que ha recibido «contiene indicios bien fundados» de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

La reacción oficial intenta desviar el foco hacia el pasado. El gobierno argumenta, como recoge El Financiero, que el informe se centra «sobre todo en hechos ocurridos desde el 2009 hasta el 2017», es decir, en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Es un movimiento político predecible: echarle la culpa al pasado. Pero los datos duros no distinguen colores partidistas. El mismo informe de la ONU, detallado por El País, revela que México acumula 819 acciones urgentes solicitadas por el comité entre 2012 y febrero de 2026. Eso representa el 38% del total global. Peor aún: solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, México sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio de todas las del mundo en ese periodo. Estos no son datos históricos; son la fotografía de una crisis que no se detiene, que se agrava mes con mes, administración tras administración.

La farsa de la ‘nueva realidad’

El gobierno de Sheinbaum se aferra a un argumento técnico para tratar de desactivar la bomba. En su comunicado, destacan que el propio informe reconoce que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos». Para ellos, esto prueba que la «situación actual del país» es «diferente a la de periodos anteriores». Es un juego de palabras peligroso. Que no haya una política escrita desde Los Pinos ordenando desapariciones no significa que no exista un patrón tolerado, una omisión cómplice o una cadena de mando que mira para otro lado. La ONU no está hablando de un decreto presidencial, está hablando de una realidad en el terreno donde agentes municipales, estatales y federales operan en connivencia con el crimen. La pregunta incómoda que el gobierno evade es: si la situación es tan diferente y los esfuerzos institucionales son tan robustos, ¿por qué las acciones urgentes de la ONU siguen disparándose? ¿Por qué los colectivos de buscadores tienen que arriesgar su vida porque no confían en las fiscalías? La retórica de la «transformación» se estrella contra el muro de los hechos: las fosas clandestinas siguen apareciendo y las familias siguen sin respuestas.

Llevar el caso a la Asamblea General de la ONU es un baldón internacional de los grandes. Significa que el problema ya no se considera un asunto interno que México puede resolver solo con sus mecanismos. Es un llamado a la comunidad internacional para que ejerza presión y apoye, porque el Estado mexicano ha demostrado ser incapaz de contener la hemorragia. El gobierno puede poner el grito en el cielo, puede acusar de parcialidad y falta de rigor, pero no puede borrar las estadísticas. Cada acción urgente, cada caso archivado, cada madre que marcha con una foto en la mano es un testimonio mudo que grita más fuerte que cualquier comunicado de prensa. La verdadera «ligereza» no está en las premisas de la ONU, sino en la esperanza de que 133,000 vidas truncas puedan ocultarse tras una cortina de humo diplomática. El mundo ya está viendo, y lo que ve no es un país en paz, sino una herida abierta que no deja de supurar.

Fuentes consultadas:

• Elpais – El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar la crisis de México a la Asamblea General | EL PAÍS México
• Elfinanciero – México ‘le echa bronca’ a la ONU por informe sobre personas desaparecidas: ‘Es tendencioso y parcial’