ONU pide llevar crisis de desapariciones de México a la Asamblea General

El ‘broncón’ diplomático contra la realidad

Cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación salieron al quite con un comunicado conjunto para rechazar el informe de la ONU, la reacción fue tan predecible como preocupante. En lugar de abordar el fondo del asunto –133,000 personas desaparecidas y un comité internacional que habla de crímenes de lesa humanidad–, la estrategia fue la de siempre: descalificar al mensajero. El Financiero documenta que el gobierno tachó el reporte de «tendencioso» y «parcial», alegando que omite los esfuerzos institucionales. Pero aquí el dato que no se puede omitir con retórica es uno solo: México acumula 819 acciones urgentes solicitadas por el Comité de la ONU entre 2012 y febrero de 2026. Eso representa el 38% del total global. No es una opinión, es una estadística que grita. Y en los últimos cinco meses, de septiembre de 2025 a febrero de 2026, sumó 40 nuevas solicitudes, más de un tercio de las mundiales en ese periodo. La narrativa de la ‘transformación’ se estrella contra estos números, que no distinguen colores partidistas, solo dolor acumulado.

El patrón que la ONU sí ve (y el gobierno no quiere mirar)

Lo verdaderamente incómodo del informe, más allá de las cifras, es la descripción del mecanismo del horror. El País detalla que el Comité basa su evaluación en información que señala desapariciones con apoyo directo o indirecto «de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado». No se habla de casos aislados, sino de un patrón específico donde la colusión de agentes municipales, estatales y federales con grupos criminales es la regla, no la excepción. El documento es explícito: «una de las más comunes [las prácticas] son las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas». Incluso apunta al uso de recursos públicos –vehículos, instalaciones– para cometer estos delitos. Para muestra, el botón del Rancho Izaguirre en Jalisco, un campo de adiestramiento y reclutamiento forzado identificado por colectivos de buscadores, y donde la Fiscalía local inició una investigación llena de omisiones y negligencias forenses. Este no es un fantasma del pasado; es un ejemplo reciente de cómo la maquinaria de la desaparición sigue engrasada y operando.

El comité concluye que la información que ha recibido “contiene indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

Frente a esta acusación de fondo, la respuesta oficial optó por la táctica del espejo retrovisor. El gobierno argumenta, según El Financiero, que el informe se centra «sobre todo en hechos ocurridos desde el 2009 hasta el 2017», tiempos de Calderón y Peña Nieto, «omitiendo considerar» las medidas de la administración Sheinbaum. Es un movimiento político hábil: desplazar la culpa hacia administraciones anteriores y pintar al actual gobierno como víctima de un reporte descontextualizado. Sin embargo, esta defensa tiene un agujero del tamaño de un campo de adiestramiento: la ONU no está juzgando periodos presidenciales, está evaluando un fenómeno que, según sus propios datos, registró un repunte significativo en los últimos meses. Las 40 acciones urgentes de los últimos cinco meses no son historia antigua; son el presente inmediato. La insistencia en que la situación actual es «diferente» choca con la evidencia de que las desapariciones forzadas, según el organismo internacional, «se siguen cometiendo».

La Asamblea General: el escenario que México quería evitar

La decisión del Comité de llevar el caso a la Asamblea General de la ONU no es un gesto administrativo; es una escalada diplomática mayor. Significa que el tema deja el ámbito técnico de un comité y se coloca en el plenario donde están todos los países del mundo. Es la internacionalización máxima de la crisis, una especie de ‘llamado de atención’ formal a nivel global que mancha la imagen internacional que el gobierno tanto cuida. El objetivo declarado, según El País, es que la Asamblea considere medidas para apoyar a México en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Pero en la práctica, es un reconocimiento de que los mecanismos normales no han funcionado y que la situación es tan grave que requiere la atención del máximo órgano deliberativo. Para un gobierno que ha basado parte de su relato en la soberanía y el «no intervencionismo», esto es una bofetada con guante blanco. La narrativa de la mañanera, donde se controla el mensaje y se descalifica a la oposición, no funciona frente al escrutinio frío y protocolario de Naciones Unidas. Allí no hay audiencia que coree, solo delegados que toman nota.

Al final, el choque entre el informe de la ONU y la respuesta mexicana deja al descubierto la brecha abismal entre el discurso oficial y la credibilidad internacional. Se puede acusar al comité de «ligereza en sus premisas» y «falta de rigor jurídico», pero no se pueden borrar los 133,000 casos sin resolver ni las 819 acciones urgentes. Se puede decir que las madres buscadoras «no están solas», como aseguró Sheinbaum, pero esa compañía se pone a prueba frente a casos como el Rancho Izaguirre, donde la investigación estatal fue, en palabras de los organismos, negligente. La ONU ya no pide explicaciones en privado; ahora quiere que el mundo entero discuta qué está pasando en México. Y mientras el gobierno se gasta la energía en el ‘broncón’ diplomático, la cifra de desaparecidos, implacable, sigue subiendo. La pregunta incómoda queda flotando: si realmente la situación es tan diferente y los esfuerzos tan grandes, ¿por qué el organismo internacional más importante en la materia no se los cree y decide llevar el caso a la tribuna global?

Fuentes consultadas:

• Elpais – El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar la crisis de México a la Asamblea General | EL PAÍS México
• Elfinanciero – México ‘le echa bronca’ a la ONU por informe sobre personas desaparecidas: ‘Es tendencioso y parcial’