ONU pide llevar crisis de desaparecidos de México a Asamblea General

El ‘broncón’ diplomático y los 133,000 fantasmas

Cuando un comité de la ONU especializado en desapariciones forzadas decide que tu crisis nacional es tan grave que debe ser elevada a la Asamblea General, no es un cumplido. Es la alarma más estridente que existe en el derecho internacional. Eso es justo lo que pasó: el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) le pidió al secretario general, António Guterres, que lleve urgentemente el caso de México al plenario mundial. La razón, según El País, son «indicios bien fundados» de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El telón de fondo de esta solicitud sin precedentes es una cifra que duele: casi 133,000 personas desaparecidas sin resolver. La respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum no fue de colaboración o preocupación, sino un comunicado conjunto de la SRE y Segob cargado de adjetivos: «tendencioso», «parcial», «sesgado» y con «falta de rigor jurídico». En otras palabras, le echaron la bronca a la ONU. El problema es que los datos, esos sí, no son tendenciosos, son terriblemente concretos.

Los números que no se pueden maquillar con retórica

Más allá del choque diplomático, lo que realmente estremece son las estadísticas que el informe del CED desgrana y que El Financiero recoge. México no solo es el país con más desapariciones, es el que concentra más acciones urgentes solicitadas por el comité en todo el planeta. Entre 2012 y febrero de 2026, acumula 819 de estas acciones, lo que representa un 38% del total global. Para ponerlo en perspectiva: un solo país tiene más de un tercio de todas las emergencias por desaparición forzada que preocupan a la ONU en el mundo. Y la tendencia no mejora; al contrario, se acelera. Solo en los cinco meses más recientes (septiembre 2025 a febrero 2026), México sumó 40 nuevas solicitudes urgentes, más de un tercio del total mundial en ese periodo. Estos no son números de «sexenios pasados»; son de ahorita. El informe señala un «repunte significativo en los últimos meses», lo que echa por tierra cualquier narrativa de que el problema es un legado que se está limpiando. El mecanismo de acción urgente se activa cuando hay riesgo inminente para la vida o integridad de una persona desaparecida. Que México lidere esta macabra tabla no habla del pasado, habla de un presente en llamas.

«Siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas. También destaca el uso, en ocasiones, de recursos públicos para la comisión de desapariciones forzadas, incluidos vehículos e instalaciones oficiales», reza el documento de la FIDH citado por el comité.

Aquí es donde el análisis se pone espinoso y la defensa del gobierno se tambalea. La postura oficial, repetida hasta el cansancio, es que el informe de la ONU se centra «sobre todo en hechos ocurridos desde el 2009 hasta el 2017», es decir, en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Alegan que se omiten los «esfuerzos institucionales» de la administración Sheinbaum. Suena lógico, un intento de marcar una línea entre el ayer y el hoy. Pero hay un detalle que troncha: el patrón de colusión que describe el informe no es una reliquia arqueológica. El documento, basado en información de la Federación Internacional de Derechos Humanos, habla de desapariciones cometidas con apoyo directo o indirecto «de actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado». Como ejemplo, menciona el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco, un campo de reclutamiento forzado cuya investigación por la fiscalía estatal ha sido, según los colectivos, un desastre. Este patrón de complicidad entre autoridades (municipales, estatales y federales) y grupos criminales no se apagó mágicamente en 2018. La pregunta incómoda es: ¿realmente se ha desmantelado esa maquinaria, o solo ha cambiado de manos?

La estrategia: negar la gravedad, disputar el relato

La reacción del gobierno mexicano no es nueva; es un manual de relaciones públicas aplicado a una tragedia humanitaria. Primero, se ataca al mensajero: se dice que el informe es «parcial» y tiene «ligereza en sus premisas». Segundo, se intenta cambiar el marco temporal: «el problema es de administraciones anteriores». Tercero, se saca una frase del contexto para usarla como escudo: el gobierno destacó que el propio informe reconoce que «no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados». Suena a triunfo, pero es una trampa semántica. Que no haya una «política federal» explícita y escrita no significa que no exista un patrón tolerado, una aquiescencia institucional o una cadena de mando local y estatal corrupta que opera con impunidad. El comité no acusa a Sheinbaum de firmar una orden, acusa al Estado mexicano, en su estructura actual y pasada, de permitir y a veces facilitar un sistema de desapariciones. Mientras el debate se centra en si el informe es justo o no, las madres siguen buscando en fosas clandestinas y la cifra se acerca a las 133,000. La ONU, al querer llevar esto a la Asamblea General, está diciendo que las respuestas domésticas han sido insuficientes y que la comunidad internacional debe presionar. El ‘broncón’ de la SRE puede ganar puntos en la narrativa nacionalista, pero no desaparece a una sola persona. Al final, lo único que parece ser «parcial» aquí es la capacidad del Estado para enfrentar una crisis que ya es, por definición de la ONU, de dimensiones históricas y posiblemente de lesa humanidad.

Fuentes consultadas:

• Elpais – El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pide llevar la crisis de México a la Asamblea General | EL PAÍS México
• Elfinanciero – México ‘le echa bronca’ a la ONU por informe sobre personas desaparecidas: ‘Es tendencioso y parcial’