Lo que debes de saber
- Sheinbaum niega ‘narcogobierno’ y señala a Calderón como el único caso.
- Trump insinúa el término, pero Sheinbaum dice que no se lo ha dicho directamente.
- Contralínea documenta el daño patrimonial de Calderón con la extinción de LyFC.
- Azucena Uresti describe cómo la extorsión en Morelos se ha convertido en un sistema de gobierno paralelo.

El término que divide y une
La palabra «narcogobierno» ha vuelto a la mesa. Esta vez, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las insinuaciones de Donald Trump y, en un movimiento que muchos calificaron de audaz, redirigió la acusación hacia el pasado: «El único narcogobierno es el de Felipe Calderón, del PAN», dijo, según reporta Aristeguinoticias. La declaración no es una simple ocurrencia; es una estrategia política que busca desactivar una bomba diplomática mientras se reescribe la narrativa de la guerra contra el narco.
Pero el asunto es más complejo. Edtijuana reporta que Sheinbaum aclaró que, en sus conversaciones directas con Trump, el mandatario estadounidense no le ha hecho este señalamiento de forma personal. Es decir, la acusación flota en el aire, pero no tiene un destinatario claro en el presente. La presidenta, entonces, aprovecha para recordar que el verdadero «narcogobierno» ya tuvo nombre y apellido, y que su administración no tiene nada que ver con aquello.

Los hechos que sostienen la acusación
No es solo retórica. Contralínea documenta el daño patrimonial que Felipe Calderón causó al extinguir Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009. El entonces presidente se jactó de un acto heroico, pero el resultado fue un incremento en las tarifas eléctricas y un quebranto financiero que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que absorber. El informe de Rendición de Cuentas de la CFE 2006-2012, citado por Contralínea, revela que «las tarifas domésticas, agrícolas y de servicios municipales fueron actualizadas mensualmente con factores fijos», lo que contradice la promesa de ahorro. La palabra «narcogobierno» aquí se usa para describir una gestión que, según la fuente, priorizó el interés privado sobre el público.
«El hilo conductor que demuestra la irresponsabilidad e incapacidad del narcogobierno de Calderón en este sentido, se ubica en el Informe de Rendición de Cuentas de la CFE 2006-2012» — Contralínea
Pero la acusación de «narcogobierno» no se limita a un sexenio. El Universal, en la pluma de Azucena Uresti, describe cómo en Morelos la extorsión se ha convertido en un sistema de gobierno paralelo. Las cifras son escalofriantes: en septiembre de 2024, al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se registraron al menos 20 víctimas de extorsión. En abril de 2026, fueron 84. Un aumento del 320 por ciento en apenas 19 meses. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, describe cómo familias enteras deben pagar 200 pesos mensuales por cada integrante para que el crimen organizado «proteja» su vivienda. Y no a un solo cártel, sino a dos: La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una doble tributación criminal.
La respuesta institucional: entre el 089 y la soberanía
Frente a este panorama, la respuesta de Sheinbaum, según Edtijuana, es diplomática y de principios: cooperación bajo respeto a la soberanía, y tres acciones clave que Estados Unidos debe tomar: reducir el consumo de drogas, frenar el tráfico de armas y combatir el lavado de dinero. Pero en Morelos, la realidad es otra. Uresti cita al secretario de Gobierno de Morelos, Édgar Maldonado, quien habla de «caminar juntos» con empresarios y líderes religiosos, mientras que Sheinbaum se limita a recordar que basta con llamar al 089. La brecha entre el discurso y la realidad es tan ancha como el territorio que controla el crimen.

¿Y ahora qué?
El debate sobre el «narcogobierno» no es nuevo, pero la forma en que se está utilizando revela una estrategia política: desviar la atención del presente hacia el pasado, mientras se ignoran los problemas actuales. Sheinbaum tiene razón al señalar a Calderón, pero la pregunta incómoda es: ¿su gobierno está haciendo lo suficiente para evitar que el término se le pegue a ella? Las cifras de Morelos, documentadas por El Universal, sugieren que no. La extorsión no es un delito aislado; es un sistema. Y mientras la presidenta se enfoca en la diplomacia, en las calles de Morelos la gente paga su «impuesto» al crimen organizado. El «narcogobierno» no es solo un insulto político; es una descripción de una realidad que, según los datos, sigue vigente.


