TL;DR:
- Nueva reforma obliga a propietarios de inmuebles con alto valor catastral a presentar informes al gobierno.
- Multas de hasta 10 mil pesos para quienes incumplan.
- Críticos ven la medida como un posible primer paso hacia una mayor injerencia estatal.
- La privacidad y la propiedad privada en la CDMX podrían estar en la cuerda floja.
Imaginen que George Orwell y Karl Marx se sientan a tomar un café en La Condesa. Orwell, con su usual escepticismo, le dice a Marx: «Mira, amigo, te dije que este tipo de ideas terminan en control estatal.» Y Marx, entre sorbos de espresso, responde: «Pero también te dije que los ricos siempre buscan evadir sus responsabilidades». En esta escena surrealista podríamos resumir la nueva reforma al Código Fiscal de la CDMX, que obliga a propietarios de viviendas con un valor catastral superior a 4.5 millones de pesos a presentar una «declaración informativa» sobre el uso de sus propiedades.
Los que aplauden la medida aseguran que se trata de un paso hacia la transparencia fiscal, mientras que los escépticos ya sacan los carteles de «El gobierno nos quiere quitar nuestras casas».
¿Y esto en qué me afecta si no tengo un depa de lujo?
Tal vez estés pensando: «Pff, mi depa de 45 metros cuadrados y sin ventanas en Tlalpan no está en esa liga, ¿qué me importa?». Pero detente un momento. Cuando el Estado pone la lupa sobre ciertos sectores, lo hace con una razón: hoy empiezan con los «ricos», mañana pueden redefinir el concepto y, al final, podrías encontrarte justificando el uso de tu sala.
Multas, papeleo y… ¿expropiaciones disfrazadas?
Los propietarios que decidan ignorar esta nueva obligación podrán recibir multas de entre 4,000 y 10,000 pesos. No suena a mucho para alguien con una casa en Polanco, pero el problema no es la multa, sino el precedente: el gobierno quiere saber qué haces con tu propiedad, si la habitas, si la rentas o si simplemente la tienes desocupada.
Los más alarmistas han empezado a insinuar que esto podría ser la antesala de políticas de «reapropiación» de bienes inmuebles que el gobierno considere «subutilizados». ¿Descabellado? No tanto si revisamos la historia reciente en algunos países de Europa.
El espejismo de la «justicia fiscal»
Los defensores de la medida aseguran que este control es necesario para evitar la especulación inmobiliaria y garantizar que la ciudad no se llene de viviendas vacías mientras miles de personas buscan hogar. Suena bien en teoría, pero en la práctica sabemos que el problema de la vivienda en la CDMX no es precisamente la falta de casas, sino el precio estratosférico de las rentas y los salarios que no suben ni con ayuda divina.
Lo que no se dice en la conferencia mañanera
La narrativa oficial se viste de «transparencia» y «orden fiscal», pero omite varios puntos clave. Primero, el gobierno tiene un largo historial de regulaciones que inician con buenas intenciones y terminan en caos burocrático. Segundo, es curioso que este nivel de escrutinio se imponga a la propiedad privada mientras la corrupción inmobiliaria en la administración pública sigue siendo un tema pendiente.
Si realmente queremos transparencia fiscal, ¿por qué no empezamos por investigar cómo algunos funcionarios públicos con sueldos modestos terminan con mansiones que harían sonrojar a Tony Stark?
Un delicado juego de ajedrez
No se trata de justificar la especulación ni de victimizar a los propietarios de lujo, sino de entender el trasfondo de estas medidas. Hoy te piden que declares el uso de tu propiedad, mañana podrían decidir si lo que haces con ella es «adecuado» según sus criterios.
El debate no está solo en las leyes fiscales, sino en hasta dónde permitimos que el Estado extienda su control sobre lo que es nuestro. Como dijo una vez el tío Ben: «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad».
¿Estamos seguros de que queremos darle más poder a un gobierno que ya ha demostrado que la responsabilidad no es precisamente su fuerte?
