TL;DR
- 1,190 militares buscan 10 mineros secuestrados desde el 23 de enero
- Es la primera vez que Sinaloa ve un despliegue así para buscar desaparecidos
- Los Chapitos estarían detrás del secuestro en zona minera canadiense
- Más de 100 familias desplazadas por la violencia entre cárteles
Cuando los números gritan más que las palabras
1,190 militares. Tres helicópteros artillados. Dos aviones T6C-Texan. Todo eso para buscar a 10 mineros secuestrados. Las matemáticas no mienten: estamos hablando de 119 elementos por cada persona desaparecida. Según El País, este es el primer despliegue de esta naturaleza en la historia de Sinaloa para localizar desaparecidos. La pregunta que se impone es obvia: ¿por qué ahora? ¿Qué tiene este caso que merece una respuesta militar que nunca antes se había visto en el estado?
El mapa del desmadre: Concordia y la guerra que nadie ve
El secuestro ocurrió el 23 de enero en Concordia, municipio del sur de Sinaloa donde Vizsla Silver, una empresa canadiense, tiene un proyecto minero de 300 millones de dólares. Pero aquí no se trata solo de plata bajo tierra. Según el reporte de El País, pobladores locales confirman que la célula criminal detrás del secuestro mantiene una afrenta violenta desde hace más de dos meses, desplazando a más de 100 familias. «El cabecilla es Óscar Martínez Larios, al que le dicen el Casco», revela un poblador anónimo. La sierra sur de Sinaloa lleva 18 meses siendo territorio en disputa entre los hijos de El Chapo y el grupo de El Mayo Zambada. Y no solo pelean por drogas: también por minería y aserraderos.
Lo que realmente quieren solucionar (y lo que no)
Cuando preguntas «qué es lo que quieren solucionar», la respuesta tiene capas. En superficie, buscan a 10 trabajadores: ingenieros, geólogos, guardias, un gerente de relaciones comunitarias. Pero debajo hay algo más profundo. El gobierno federal, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, ordenó este operativo masivo que incluye 800 del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 ministeriales. No es solo rescatar mineros: es mandar un mensaje a los cárteles que operan en zonas económicas estratégicas. Vizsla Silver invirtió 250 millones en exploración entre 2021 y 2025, genera 230 empleos y proyecta producir entre 3,300 y 4,000 toneladas diarias durante 10.6 años. Aquí el cálculo es simple: si la violencia espanta la inversión extranjera, el problema escala de seguridad nacional a económico.
La contradicción que duele: despliegue récord vs información cero
Aquí está lo absurdo: después de casi 10 días del secuestro y con el mayor despliegue militar en la historia de Sinaloa para este tipo de casos, las autoridades «no tienen información sobre el posible paradero de los empleados». Según Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el grupo criminal es parte de una célula ligada a Los Chapitos. Pero saber quiénes son no es lo mismo que saber dónde están. La operación comenzó cuando un helicóptero de la Marina empezó a sobrevolar la zona, según los pobladores, y los enfrentamientos se aceleraron. Parece que la presencia militar no solo busca rescatar, sino también marcar territorio en una guerra que lleva años cocinándose.
Lo que nadie dice sobre los 1,190 militares
Pensemos en lo que representa este número. 1,190 elementos es más que muchas policías municipales completas. Es un batallón entero dedicado a buscar 10 personas en una sierra que los cárteles conocen mejor que cualquier mapa oficial. La ironía es cruel: mientras el gobierno despliega recursos sin precedentes para este caso específico, más de 100 familias llevan meses desplazadas por la misma violencia, sin operativos especiales para ellas. La minería canadiense moviliza lo que la población local no pudo. Y aunque el operativo está a cargo del secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, la pregunta incómoda queda flotando: ¿qué pasa cuando se retiren esos 1,190 militares? ¿Volverá la «normalidad» de los desplazamientos y las disputas territoriales?
El verdadero problema que no se nombra
El País documenta algo clave: esta confrontación entre facciones criminales viene desde septiembre de 2024. Dieciocho meses de desplazamientos forzados en distintos periodos. La minería es solo el último capítulo de una guerra por el control territorial que incluye producción de drogas, aserraderos y ahora explotación de plata. Cuando una empresa extranjera con 326 millones de onzas de plata equivalente en reservas entra en juego, los cárteles no ven mineral: ven dólares. Y los mineros secuestrados no son trabajadores cualquiera: incluyen al coordinador operativo de seguridad, al gerente de relaciones comunitarias, al supervisor de medio ambiente. Es decir, la estructura clave de la operación minera.
Al final, lo que quieren solucionar con 1,190 militares es más complejo que rescatar 10 personas. Es proteger una inversión de 300 millones de dólares. Es intentar controlar un territorio que lleva años fuera de control. Es mandar el mensaje de que la violencia contra intereses económicos estratégicos tendrá respuesta desproporcionada. Pero la verdadera solución -la que devolvería la paz a las más de 100 familias desplazadas y evitaría el próximo secuestro- requeriría algo que 1,190 militares no pueden dar: un estado de derecho que funcione cuando los helicópteros artillados no están sobrevolando.
