TL;DR
- El gobierno federal habla de ‘cerca de mil’ menores reubicados, pero Canarias documenta solo 581 salidas reales
- 260 menores cumplieron 18 años esperando que el Estado reconociera su derecho a seguir su proyecto migratorio
- 99 chavos renunciaron a su derecho porque se niegan a ir a centros que ‘no reúnen las condiciones’
- Canarias sigue cargando con una responsabilidad que ‘excede de sus competencias’ mientras el Estado se lava las manos
El arte de sumar mal
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, anunció con bombo y platillo que «cerca de un millar de menores» habían sido reubicados en seis meses. Suena bien, ¿no? Pues resulta que la consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, tiene otra calculadora. Según El País, de Canarias solo han salido 581 menores por las diferentes vías de reubicación. O sea, la mitad de lo que presume el gobierno. Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia, lo dijo sin anestesia: «Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente».
Los que se quedaron en el limbo
Mientras el gobierno federal juega al abaco, en Canarias la realidad es otra. Desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que el Estado reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio. Imagínate: cumplir 18 años en un centro de acogida, viendo cómo tu futuro se esfuma mientras los papeles se acumulan en algún escritorio de Madrid. Pero hay más: 99 chavos renunciaron a este derecho. ¿Por qué? Porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria que, según sus propias palabras, «no reúnen las condiciones».
Los números que son personas
Delgado lo dejó claro: «Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación, pero resulta que no son números, son personas». Mientras tanto, 85 menores siguen alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León. Y a 96 de los que estaban en el listado inicial de Migraciones les llegó una resolución desfavorable a su petición de asilo. O sea, después de meses o años de espera, les dicen que no.
La responsabilidad que nadie quiere
Canarias lleva años gritando que la carga migratoria excede sus competencias. El gobierno autonómico insiste en que esperar a que los chavos cumplan 18 años también es incumplimiento. Pero parece que en Madrid prefieren las cifras bonitas a las soluciones reales. Torres habla de 1.241 expedientes iniciados en las tres comunidades con contingencia migratoria (Canarias, Ceuta y Melilla) y 810 resoluciones finales de traslado que sirvieron para reubicar a 368 menores. Pero si a Canarias solo han salido 581, ¿dónde están los otros? ¿O es que las cifras se inflan para que el balance político quede bien?
El reloj no perdona
Lo más cruel del sistema es su lentitud burocrática. Mientras los expedientes duermen el sueño de los justos en algún archivo, los chavos crecen. Cumplen 18 y de repente dejan de ser «menores vulnerables» para convertirse en «adultos sin papeles». El sistema los protege hasta que cumplen la mayoría de edad, y después los abandona a su suerte. 260 historias truncadas, 260 proyectos migratorios que se quedaron a medio camino porque el Estado no fue capaz de responder a tiempo.
La pregunta incómoda
¿De verdad importan estos chavos o solo importan las cifras que se pueden presumir en ruedas de prensa? Cuando Delgado dice que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede sus competencias, está señalando algo más profundo: el Estado central se lava las manos mientras las comunidades autónomas se ahogan. Y lo peor es que parece un guion repetido: mismas promesas, mismos incumplimientos, mismos niños esperando.
Mientras en Madrid hablan de «cerca de mil» reubicaciones, en Canarias cuentan 581 salidas reales, 260 chavos que cumplieron 18 esperando, 99 que prefirieron renunciar antes que ir a centros indignos, y casi 200 más repartidos en albergues que no dan abasto. Las matemáticas no mienten: o el gobierno federal está sumando mal, o está contando cosas que no existen. Y mientras tanto, los únicos que pagan el precio son los menores que ven cómo sus derechos se conculcan día tras día.
