TL;DR
- Una acusación particular recurre el auto que permite a Feijóo testificar por videoconferencia
- El abogado argumenta que no hay causa objetiva que justifique la declaración telemática
- Se cuestiona que declare desde su despacho político en lugar de en sede judicial
- Se pide igualdad de condiciones con otros testigos que han comparecido presencialmente
La videollamada judicial que huele a privilegio
Alberto Núñez Feijóo tiene cita con la justicia el 9 de enero, pero parece que quiere mantener la distancia. Literalmente. Una de las acusaciones particulares en la causa penal por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha recurrido el auto de la jueza de Catarroja que permite al líder del PP testificar de forma telemática. Y no es por capricho: el abogado Ximo Esteve, según documenta Elpais, señala que la petición de Feijóo «no se fundamenta en causa objetiva alguna que impida o dificulte su comparecencia presencial». Ni problemas de salud, ni imposibilidad material, ni riesgo personal. Nada.
El despacho del Congreso como extensión del juzgado
Lo más jugoso viene después: la jueza ha acordado que Feijóo declare desde su despacho del Congreso. Sí, desde su oficina política. El abogado Esteve lo tiene claro: declarar desde un despacho político por vía telemática «debilita objetivamente la capacidad de valoración judicial». Y tiene razón. ¿Cómo va a controlar el juez el entorno? ¿Quién garantiza que no haya alguien susurrándole las respuestas al oído? ¿O que no tenga un teleprompter con el guion preparado? El control del entorno físico del testigo, la ausencia de apoyos o interferencias, las condiciones de espontaneidad… todo eso se va al traste cuando declaras desde tu terreno, con tu gente alrededor y tu decoración de fondo.
La igualdad procesal que se esfuma
Aquí está el meollo del asunto: Feijóo ha dicho públicamente que quiere colaborar con la justicia. Palabras bonitas, pero el abogado de la acusación particular le pone los puntos sobre las íes: para que esa colaboración sea «real, efectiva y no meramente declarativa», debe producirse «en igualdad de condiciones procesales» respecto del resto de testigos. Y es que otros testigos «con habilitación legal similar han comparecido presencialmente». O sea, si ellos pudieron desplazarse, ¿por qué Feijóo no? El desplazamiento a Catarroja no es «desproporcionado ni excepcional» para alguien que, digamos, tiene más que recursos para viajar.
El WhatsApp que sigue sin aparecer
Mientras tanto, hay un elefante en la habitación: la conversación de WhatsApp que Feijóo mantuvo con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la DANA. La jueza ha acordado comunicar «nuevamente» al líder del PP «la posibilidad de aportar voluntariamente» a la causa la conversación «íntegra». Lo de «nuevamente» suena a que ya se lo pidieron antes y no pasó nada. ¿Qué tendrá ese chat que tanto cuesta compartir? Si realmente quiere colaborar con la justicia, como dice, entregar esa conversación sería el gesto más claro. Pero parece que prefiere guardársela.
La jugada alternativa: al menos que sea en un juzgado
El abogado Esteve no se queda solo en el «todo o nada». Si de todas formas se mantiene la dispensa del desplazamiento, pide que al menos la declaración se practique en dependencias judiciales del lugar de residencia del testigo, y no en sede política o institucional. Algo es algo. Así se garantizaría mejor el control del entorno, la igualdad y «la pureza del acto testifical». Porque claro, declarar desde el Congreso tiene un tufillo a inmunidad parlamentaria que aquí no aplica: Feijóo «no ostenta condición de aforado en esta causa, ni existe previsión legal alguna que imponga un régimen privilegiado de comparecencia».
Lo que realmente está en juego
Al final, esto va más allá de si Feijóo se mueve o no de su despacho. Va de qué mensaje manda un líder político cuando se trata de enfrentarse a la justicia. ¿Colaboración real o colaboración de boquilla? ¿Igualdad ante la ley o trato especial? La DANA dejó tragedia y preguntas sin responder sobre la gestión de la emergencia. Ahora, mientras las víctimas y afectados esperan respuestas, lo que ven es un forcejeo procesal sobre cómo y dónde declarará uno de los testigos clave. Y cada vez que un político pide un trato especial, por pequeño que sea, erosiona un poco más la confianza en que todos somos iguales ante la ley. Al final, la pregunta incómoda es simple: si no tiene nada que ocultar, ¿por qué tanto empeño en no pisar el juzgado?
